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¿REFORMA O CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA?

¿Necesitamos un cambio total o parcial de la Constitución política del Perú? ¿ El cambio por una nueva Constitución podrá recoger las expectativas, exigencias de la población y una nueva Carta Magna solucionará la situación crítica en que se encuentra nuestro país?

Líderes políticos de diversas tiendas a decir de analistas nuevamente ponen en tapete el tema como parte de la campaña electoral a fin de ganar réditos. Es una promesa electoral que se viene discutiendo campaña tras campaña desde la caída del régimen fujimorista en el año 2000, pero que ha tomado una mayor relevancia por parte de la población a raíz de la última crisis política, que evidenció el deterioro de la institucionalidad y la falta de gobernabilidad en el país.

Algunos constitucionalistas arguyen que en el Perú no es fácil cambiar la Constitución. La última oportunidad que tuvimos fue durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo concertaron mediante grupos de trabajo para impulsar una reforma integral de la Carta Magna. Sin embargo, el debate se fue aplazando cada vez más y, finalmente, en abril del 2003 -durante el período de Alejandro Toledo- esta posibilidad quedó archivada. Luego de 20 años y de cara a las Elecciones 2021, cambiar la Constitución es de las promesas electorales más significativas para la ciudadanía. Al respecto, abogados constitucionalistas responden sobre la viabilidad de esta iniciativa.

El abogado constitucionalista Franco García considera que no es el momento para cambiar completamente la Constitución pese al pedido ciudadano. No obstante, sostiene que existen 3 aspectos puntuales que deberían revisarse a profundidad para realizar modificaciones como parte de una reforma constitucional: la vacancia presidencial por incapacidad moral, el voto preferencial y la inmunidad parlamentaria.

“La inmunidad parlamentaria definitivamente no tiene que eliminarse porque se tiene que proteger al parlamentario en su labor fiscalizadora. Pero la inmunidad no la puede decidir la misma institución, la tendría que decidir la Corte Suprema. Entonces, inmunidad para congresistas sí. Levantamiento de inmunidad sí. ¿Quién la tiene que decidir? La Corte Suprema porque es un juicio eminentemente jurídico, no político”, subraya García.

Para el constitucionalista Omar Cairo, es necesario modificar el artículo 117 que prohíbe procesar al jefe de Estado durante su mandato. Esto a la luz de los hechos recientes que llevaron a la crisis política. “Esto significa que si el presidente delinque en el primer año de su gobierno se le podría procesar y no habría que esperar cuatro años. El problema del artículo 117 es que como [al presidente] no se le puede procesar, se recurre a la distorsión de la incapacidad moral, cuando esta es, en realidad, incapacidad mental. Porque la vacancia es la declaración de que el cargo está vacío, ya no está ocupado por el presidente porque quedó incapacitado o imposibilitado de ejercer el cargo”.

Si bien las opiniones de los especialistas son divergentes sobre un posible cambio de Constitución, para Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, el cambio integral de la Carta Magna no es viable porque genera sosiego en la inversión. “Todas las normas pueden cambiar constantemente. Pero un cambio de Constitución genera incertidumbre en los ciudadanos y los agentes económicos. No debe cambiarse así nomás”.

Omar Cairo, por su parte, considera que por lo menos debe haber una reforma, pues la actual Constitución contempla criterios “muy rígidos” que han dificultado la intervención del Estado en materia económica y que se han visibilizado durante la emergencia sanitaria por la pandemia por la COVID-19. “Por ejemplo, para corregir distorsiones en los precios de los medicamentos o abusos en la prestación de servicios médicos se tuvo que recurrir a interpretaciones de algunos artículos que resultaban discutibles”.

Las movilizaciones a nivel nacional exigen una Asamblea Constituyente que es una convocatoria nacional que congrega a representantes populares, que tiene como función elaborar una nueva Carta Magna. Esta iniciativa puede ser impulsada por el presidente de la República en Consejo de Ministros. El tema –a decir- de los Constitucionalistas requiere un debate nacional concretando un consenso de los partidos políticos que representan a la población. Mientras se requiere que el electorado analice las propuestas de campaña. Debemos leer o releer la Constitución y generar puntos de vista.

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