Ante ello, la Defensoría del Pueblo solicitó priorizar la atención en niños y adolescentes para garantizar que accedan a una vida libre de violencia y discriminación que permita el pleno ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos donde se desarrollan.
Además, precisó sobre la importancia de que el Estado implemente mecanismos que contribuyan al seguimiento de cada uno de los casos, a fin de que no se permita el retorno del personal con antecedentes que laboran en las diferentes instituciones educativas.
Todo ello responde a que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes afectados por un hecho de esa naturaleza, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Otro aspecto a tomar en consideración es que en algunos casos los menores optan por la autoeliminación a falta de una comunicación asertiva con sus padres o por no recibir una atención oportuna de parte de la directiva del colegio.
Vale precisar que las denuncias en el Síseve se realizan de manera anónima en caso de testigos de los hechos de violencia y las mismas víctimas; sin embargo, estas se efectúan de forma genérica y no específica, lo que dificulta en hacer el seguimiento respectivo.
La mayoría de denuncias corresponden a violencia cometido entre escolares (bullying) seguido de agresiones de adultos contra los menores (maltrato físico, psicológico de acoso sexual de profesores, de padres u otros).
