Cada 9 de diciembre, el país mira –o finge mirar– hacia Ayacucho. Se recuerdan discursos, se citan frases solemnes sobre la independencia y se vuelve a la imagen de la pampa de Ayacucho como el lugar donde “nació la libertad de hispanoamericana”. Pero para quienes viven en esta tierra, la batalla de Ayacucho no es solo una escena de libro escolar ni una postal turística. Es un recordatorio incómodo: aquí se selló la derrota del dominio colonial, pero la deuda con el pueblo ayacuchano sigue abierta.
La trascendencia de la batalla va más allá del parte militar. Aquella gesta fue un compromiso político: construir una patria que reconociera a quienes pusieron el cuerpo y la vida, que incorporara a los pueblos andinos en igualdad de condiciones, que hiciera de la libertad algo más que una palabra en las ceremonias oficiales. Esa fue, al menos, la promesa. Dos siglos después, duele constatar cuánto se ha traicionado ese horizonte.
Mientras desde el Estado y desde el Ejército se organizan actos conmemorativos, desfiles y salvas de honor, la realidad cotidiana envía otro mensaje. Tenemos un gobierno para el olvido, incapaz de escuchar el clamor de las regiones; un Congreso que legisla de espaldas a la ciudadanía; autoridades que ocupan cargos gracias al voto ayacuchano, pero que una vez instaladas en el poder se acomodan sin rubor a la lógica centralista que margina a esta región.
La contradicción es brutal: se exalta la batalla de Ayacucho como símbolo de libertad, pero se tolera –cuando no se justifica– la represión, la criminalización de la protesta y la indiferencia frente a las muertes y heridas que marcan nuestra historia reciente. Se habla de “unidad nacional” desde tribunas oficiales, mientras se profundiza la fractura entre Lima y las regiones, entre las élites que deciden y los pueblos que cargan con las consecuencias.
La presencia de figuras ayacuchanas en el poder central, lejos de ser garantía de cambio, son el rostro de la decepción. No basta con tener un apellido o un origen regional. Representar a esta tierra implica asumir una postura clara frente a la desigualdad, la violencia estatal, la corrupción y el abandono histórico. Cuando se opta por el silencio cómodo o por la lealtad al cálculo político antes que al mandato popular, se traiciona el espíritu del 9 de diciembre.
La gesta de Ayacucho no fue solo un punto final a la dominación colonial; fue, o debió ser, el punto de partida para una república distinta. Una república donde la palabra “patria” no sonara vacía para los campesinos, los jóvenes sin oportunidades, las familias que migran porque aquí no encuentran futuro. Esa patria aún no la hemos construido.
Debemos preguntarnos qué estamos haciendo hoy con esa herencia. Este pueblo necesita dirigentes probos, con memoria y dignidad; autoridades que honren la gesta no con discursos, sino con decisiones que fortalezcan este pedazo de tierra llamado Perú. De lo contrario, cada 9 de diciembre será apenas una fecha más en el calendario, y no el recordatorio vivo de la patria justa que todavía nos deben, pues sino lo hacen deben ser los ciudadanos que asuman esa responsabilidad política en lo político.
