El sistema económico neoliberal que se defiende con la Constitución de 1993, facultad la libre iniciativa privada y libertad empresa que no tiene límite ante la falta de supervisión del Estado o su corrupción generalizado.
Los proyectos inmobiliarios que se construyen en el litoral o zonas rivereñas son una muestra de ello, ya que hay algunos que creen que el tener una propiedad privada frente al mar o el rio, ya significa privatizar la playa y sus accesos.
Estamos convirtiendo todo nuestro litoral en una zona privada donde no se respeta el derecho a la libertad de tránsito y el derecho de acceso a las playas como zona de uso público.
Las carreteras o vías de acceso han sido completamente privatizadas por sus propietarios quienes colocan puestos de control con vigilantes privados tal es el caso de Asia en la provincia de Cañete.
Igual ocurre con las propiedades rivereñas en Lunahuana, donde los hoteles tienen acceso privado a los ríos y niegan su paso a cualquier visitante que no sea su cliente, aun cuando la ley establece zonas intangibles y fajas marginales.
Sin embargo, que pueden hacer los ciudadanos de a pie ante la desidia de las autoridades que no cumplen sus funciones, una vez que el propietario cierra o pone garitas de control en la vías de acceso.
En la práctica está privatizando ese bien público, ante la vista y paciencia de las Municipalidades y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que se quedan cruzado de mano, mientras que las inversiones inmobiliarias pasan por encima de la Ley.
Desde luego existe un mayor valor en la exclusividad, por eso existe incentivos de las empresas para ofrecer a sus clientes una playas privadas y vías de acceso controladas o limitadas solo para los propietarios.
En la teoría económica, un bien público tiene dos características: a) Carece de rivalidad de consumo y b) No tiene capacidad de exclusión, las playas cumple con la ausencia de la rivalidad de consumo porque el uso de una persona no impide su consumo por otro.
A su vez, su capacidad de exclusión es muy costoso, porque se puede acceder a ella desde cualquier parte del litoral.
Sin embargo, vemos con sorpresa que si cerramos el acceso a las vías públicas lo que estamos haciendo es crear barreras u obstaculizando el tránsito, lo que genera la capacidad de exclusión en un bien público.
Para impedir que se siga privatizando el acceso a nuestras playas y ríos en todo el territorio nacional, el Poder Ejecutivo debe cumplir su rol de hacer respetar la Ley.
Y a su vez, el Parlamento establecer una obligación a los propietarios de garantizar las vías de tránsito a la zona de playa o zona rivereña en todo proyecto inmobiliario.
Desde luego existirán aquellos que aducirán la seguridad ciudadana como una excusa para privatizar las playas y carreteras de acceso, lo que no se puede permitir, porque las empresas utilizan el nulo control de las autoridades para extender su propiedad más allá de la zona intangible construyendo bungalós que estarían ocupando un área de dominio público.
