La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ejecutivo la declaratoria de emergencia en varias regiones del Perú, incluidas Ayacucho, debido a los graves incendios forestales que vienen afectando la vida y el medio ambiente. Según el informe emitido por la oficina defensorial en Ayacucho, hasta la fecha se han registrado 101 incendios forestales en la región, los cuales han dejado un saldo lamentable de dos fallecidos y la destrucción de más de mil hectáreas de vegetación.
El pedido busca que el Estado pueda responder de manera más rápida y eficaz ante esta situación crítica. «En estado de emergencia, el Gobierno puede coordinar mejor las acciones de las distintas instituciones responsables de la atención y recuperación», manifestó Wiber Vega Mendoza jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho. Actualmente, se están supervisando las acciones de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho para evaluar las medidas adoptadas frente a los incendios.
En cuanto al impacto de los incendios, se informó que 91 personas han sido afectadas directamente en sus medios de vida, además de la pérdida y daño de viviendas. Aunque algunas autoridades nacionales han manifestado que la situación está bajo control, la Defensoría subraya que, si bien los incendios han sido parcialmente contenidos, las consecuencias de la catástrofe siguen sin ser atendidas de forma adecuada. Por ello, se hace hincapié en la urgencia de declarar el estado de emergencia, no solo para controlar los fuegos, sino para abordar las secuelas que afectan a la población.
«Tal vez hay una confusión con el gobierno central, porque si bien es cierto, el incendio como tal se está controlando de alguna forma, pero las consecuencias que está dejando este desastre todavía no tienen control”, acotó.
En paralelo, se recordó que la quema de vegetación tiene connotaciones penales, con multas que pueden alcanzar los 27 millones de soles y penas privativas de libertad de hasta seis años. La Defensoría del Pueblo exhorta a la ciudadanía a colaborar con las instituciones y a evitar prácticas que contribuyan a la propagación de incendios forestales, las cuales podrían tener consecuencias legales graves.
