Dina Boluarte ha puesto sobre la mesa el debate sobre la instauración de la pena de muerte en el Perú como respuesta a la creciente ola de criminalidad. Sin embargo, la abogada penalista y experta en derechos humanos Yuri Martínez advierte que esta medida no solo es inviable dentro del marco legal, sino que también carece de evidencia que demuestre su eficacia como un disuasivo contra el crimen.
“No hay estudios que demuestren que la pena de muerte reduce la violencia. Los delincuentes que cometen estos crímenes tienen un nivel de cinismo tan alto que no les importa ni su vida ni la de los demás”, sostiene Martínez.
La penalista también recalca que la campaña en favor de la pena capital es utilizada por algunos sectores políticos como una estrategia para impulsar la salida del Perú del Pacto de San José, tratado internacional que prohíbe esta medida.
Según Martínez, el sistema de justicia peruano no es infalible y aplicar la pena de muerte podría llevar a condenas injustas.
“Nuestro Poder Judicial ha demostrado errores judiciales en múltiples ocasiones. ¿Qué pasa si un inocente es ejecutado y luego se prueba su inocencia? No hay reparación posible”, enfatiza.
La implementación de la pena de muerte no sería un proceso rápido ni sencillo. Primero, el Perú tendría que renunciar al Pacto de San José, lo que tomaría al menos un año para que surta efecto. Luego, el Congreso debería modificar la Constitución, lo que requiere la aprobación en dos legislaturas sucesivas o la convocatoria a un referéndum. Incluso si se lograra aprobar, el sistema judicial debería adecuarse a esta nueva pena, lo que podría generar conflictos internos y externos, incluyendo sanciones internacionales.
Para la abogada, la solución real a la crisis de seguridad pasa por una reforma integral del sistema penitenciario y la lucha frontal contra la corrupción.
“La criminalidad podría reducirse si erradicamos la corrupción en la Policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario”, afirma. Además, considera que el Estado debería enfocarse en mecanismos más eficaces, como la agilización de procesos inmediatos para delincuentes capturados en flagrancia.
Finalmente, añadió que el debate sobre la pena de muerte suele usarse con fines políticos más que como una solución real a la criminalidad.
«Es un discurso populista. Se promete mano dura, pero en la práctica los países que han aplicado la pena de muerte no han visto una disminución significativa en los delitos; ya que, no es una medida que se pueda aplicar de inmediato. Los estudios han demostrado que los criminales violentos no se ven disuadidos por la posibilidad de ser ejecutados. En muchos casos, estas personas actúan sin medir las consecuencias o incluso con la idea de que no serán capturados», refirió Martínez.
