Jugando en pared, el Congreso de la República y el ejecutivo han decidido restringir la libertad de prensa en el Perú, utilizando como pretexto las investigaciones periodísticas que se realizan sobre la gestión de la señora Dina Boluarte y las denuncias que existen sobre actos de corrupción en los que están involucrados congresistas y funcionarios públicos, presentándolos como actos contrarios a la democracia y calificándolos como parte de un siniestro plan para cometer un golpe de estado.
Así, desde el congreso, se aprobó un proyecto de ley aumentado las penas contra los periodistas que realizan trabajos de investigación y que mencionan a funcionarios y congresistas, calificándolo toda esta información como “calumnias”, que buscan desprestigiar va los funcionarios y congresistas y dañar la imagen de los poderes del estado. Por eso, para atemorizar a los hoy nombres y mujeres de prensa, han incrementado con penas privativas de la libertad hasta por 5 años.
Desde el ejecutivo, desde hace semanas la presidente Dina Boluarte ha venido soltando la existencia de un supuesto complot entre el periodismo y “fuerzas oscuras”, que tendrían como objetivo generar un “golpe de estado”. Lo que al comienzo se tomó como uno de los exabruptos, propios de la mandataria, hoy se adquiere fuerza, luego del artículo de opinión del presidente del consejo de ministros.
Que dice el artículo en marras. El presidente del Consejo de Ministros, en un artículo de opinión publicado por el diario oficial El Peruano, afirma que existe un “acoso sistemático” contra la presidenta de la república, ya que semanalmente se publican investigaciones en su contra. No es una opinión cualquiera ni de Gustavo Adrianzén, como ciudadano, sino en su condición de presidente del Consejo de Ministros. Y por eso, lo tomamos como una amenaza directa contra el periodismo independiente.
Pero la amenaza del congreso y del ejecutivo, contra el periodismo independiente, no se limita a los medios, porque hablan de fuerzas oscuras, en clara referencia al ministerio público, más precisamente a la Fiscal de la Nación, y al poder judicial, personalizado en la presidenta de la Corte Suprema, contra quienes se han presentado denuncias constitucionales, no sólo para removerlas del cargo, sino inhabilitarlas hasta por 10 años.
¿Golpe de estado? El presidente del congreso, justamente cuando se denuncia las amenazas contra la libertad de prensa, sale al frente de las declaraciones de la congresista Susel Paredes, de que presentará una moción pidiendo la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Ese sería el golpe blando al que se refiere Boluarte y Adrianzén? Alguien necesita un siquiatra, hay un cuadro de esquizofrenia en el ejecutivo y el congreso.
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