En medio de un creciente clima de inseguridad a nivel nacional, Ayacucho enfrenta una preocupante escalada de criminalidad. Las denuncias por extorsión se han cuadruplicado entre 2019 y 2024, revelando un escenario alarmante que expone la vulnerabilidad de la región frente a la expansión del crimen organizado.
A pesar de este aumento, la región aún se mantiene por debajo del promedio de las regiones del sur en cuanto a extorsiones, ajustado por población. Sin embargo, el impacto en la percepción ciudadana ha sido profundo.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el primer semestre de 2024, el 82.1% de los ayacuchanos mayores de 15 años consideró probable ser víctima de algún delito, un salto significativo frente al 69.8% registrado en el mismo periodo del año anterior.
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Asimismo, el 29.6% de la población fue víctima de algún delito, la cifra más alta desde 2011, ubicando a Ayacucho como la quinta región con mayor incremento en niveles de victimización a nivel nacional.
Pese a contar con una tasa de 398 efectivos policiales por cada 100 mil habitantes —ligeramente por encima del promedio nacional y del mínimo recomendado por la ONU—, la capacidad operativa de la Policía Nacional en la región se encuentra seriamente limitada.
Solo 14 de las dependencias policiales están en buen estado, y apenas una minoría cuenta con herramientas clave como GPS, teléfonos satelitales o radios funcionales.
A esta precariedad estructural se suma la profunda desconfianza ciudadana en las autoridades policiales. Solo 1 de cada 10 ciudadanos en Ayacucho dijo confiar en la PNP, según datos del INEI. Esta es la tercera tasa de confianza más baja del país, superada únicamente por Puno (8.2%) y Madre de Dios (7.4%).
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El panorama se agrava aún más con el drástico recorte presupuestal en materia de seguridad ciudadana. En 2024, se asignaron S/ 24.8 millones para este rubro, lo que representa una caída del 68.2% respecto a 2019, ajustando por inflación. Para 2025, la situación será aún más crítica, con un presupuesto previsto 17.7% menor al de este año.
Mientras tanto, la expansión de economías ilegales, como la minería informal en otras regiones, amenaza con extender su influencia hacia Ayacucho, sumando presión a un sistema ya debilitado.
Bajo este escenario, expertos y líderes locales han hecho un llamado urgente a una respuesta coordinada entre la Policía Nacional, los gobiernos locales y el Ejecutivo central.
Fortalecer la infraestructura policial, modernizar su equipamiento y recuperar la confianza ciudadana son pasos fundamentales para frenar el avance del crimen y garantizar una vida segura para las familias en Ayacucho.
SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo a los reportes policiales y del personal de serenazgo de los distritos urbanos en la ciudad de Ayacucho, los delitos más comunes son el robo o arrebato de celulares, seguido del hurto de vehículos y autopartes. Todo ello se refleja las denuncias que se registran en las comisarías.
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Otra de las limitaciones para hacer frente a la inseguridad es el poco presupuesto que ase asignan a los gobiernos locales a fin de que se implementen de manera adecuada las centrales de serenazgo. De momento se viene aplicando una estrategia de “Patrullaje sin fronteras”. No obstante, los resultados no son tan alentadores por la poca presencia policial en lugares críticos.
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