Rudy Anyosa | Visión global
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En el debate sobre la modernización del Estado, suele resaltarse la importancia de contar con los mejores profesionales para garantizar una gestión pública eficiente, transparente y orientada al ciudadano. Sin embargo, la realidad en el Perú muestra un panorama muy distinto: los criterios meritocráticos suelen quedar relegados frente a los intereses partidarios y personales.
Un ejemplo claro es el copamiento de instituciones por parte de partidos políticos que priorizan la lealtad sobre la capacidad. Militantes, correligionarios, excompañeros de universidad, socios o incluso miembros de logias terminan ocupando cargos clave sin reunir las calificaciones necesarias. Este fenómeno, conocido como sesgo de afinidad, se traduce en gestiones mediocres, ineficiencia administrativa y, con demasiada frecuencia, en corrupción.
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La experiencia internacional demuestra que este problema no es exclusivo del Perú. Incluso en países con tradición institucional sólida, como el Reino Unido, existen mecanismos para reducir los sesgos en los procesos de selección. Por ejemplo, se aplican sistemas de evaluación ciega que eliminan de los currículos la información sobre la universidad de procedencia o incluso el nombre del postulante, con el fin de evitar discriminaciones por género, clase social o conexiones personales.
El Perú necesita avanzar en esa dirección. Más allá de la lista de gerentes públicos certificados por SERVIR, debería impulsarse un banco de talento nacional, que permita identificar y atraer a los peruanos que han estudiado en las mejores universidades del mundo y desean aportar sus conocimientos al desarrollo del país. Estos jóvenes profesionales no solo traen competencias técnicas de alto nivel, sino también nuevas formas de pensar y un compromiso con el servicio público que podría revitalizar la administración estatal.
Mientras persista la lógica clientelista de partidos como Alianza Para el Progreso o Fuerza Popular, que priorizan la distribución de cargos como moneda de pago por favores políticos o lealtades, el Estado seguirá atrapado en la inercia de la corrupción y la ineficacia. El resultado es un aparato estatal pesado, ineficiente y distante de las necesidades reales de la población.
Si aspiramos a un Estado moderno y capaz de responder a los desafíos del siglo XXI, debemos superar los sesgos de afinidad y apostar decididamente por la meritocracia. Solo así será posible construir instituciones al servicio del bien común y no de intereses particulares.
