Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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En el Perú, la corrupción y la represión se han integrado estructuralmente en el modo de vida diario, afectando al 87% de la población. Para la ciudadanía, esto significa lidiar constantemente con redes clientelares, extorsiones y el pago de sobornos cotidianos para acceder a servicios básicos, mientras que la represión estatal ha limitado el derecho a la protesta social.
Ante la ineficiencia y la corrupción del Estado, gran parte de la economía opera en la ilegalidad o la informalidad (entre el 60% y 70% del PIB), lo que fomenta las economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.
La sobrevivencia y vulnerabilidad muestra a las poblaciones más vulnerables que son las más golpeadas, destinando sus escasos recursos a pagar coimas o sobreprecios por trámites, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad.
Pérdida de confianza: Se estima que cerca del 13% del presupuesto público se pierde anualmente por inconducta funcional y corrupción, lo que se traduce directamente en hospitales colapsados y educación deficiente, señala la Contraloría General.
Las manifestaciones ciudadanas, nacidas como respuesta al descontento generalizado frente a la corrupción, a menudo han sido enfrentadas con represión policial y militar, lo que genera un clima de tensión y vulneración de derechos civiles.
El Estado peruano ha respondido a los delitos de corrupción mediante políticas criminales represivas y el aumento de penas, aunque su efectividad real sigue siendo limitada debido a la impunidad estructural (Proética)
Diversas organizaciones han advertido que los intereses creados entre mafias, corporaciones y élites políticas han convertido la inestabilidad en un modelo de gobierno que desatiende las demandas de la población.
Los expertos en materia de corrupción indican que este flagelo también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruano
La corrupción en el Perú atraviesa una etapa crítica, marcada por un constante deterioro institucional, un retroceso histórico en los rankings globales de Transparencia Internacional y pérdidas económicas que superan los S/24,000 millones anuales.
Debilitamiento de la justicia: La ciudadanía y diversas instituciones han reportado su preocupación ante leyes aprobadas por el Congreso que limitan las investigaciones y debilitan a los equipos especiales anticorrupción, favoreciendo la impunidad.
Crisis política: La corrupción a nivel de altas esferas del Estado se mantiene, con diversos exmandatarios bajo la lupa judicial y escándalos persistentes en los que se cuestiona la transparencia de las autoridades actuales y del Poder Legislativo.
Un eventual gobierno de Keiko Fujimori plantea escenarios divididos: para los mercados financieros, genera expectativas de estabilidad, confianza empresarial y una recuperación económica moderada. Sin embargo, para diversos sectores sociales y políticos, despierta alertas sobre una posible erosión democrática, concentración de poder y polarización institucional.
Patricia Paniagua, politóloga y especialista en políticas públicas, consideró que la llegada de un nuevo gobierno fujimorista representaría un duro golpe para las personas afectadas por la dictadura fujimorista de la década de 1990.
“Hay quienes creímos y creemos que el fujimorismo es traición a la memoria y a la historia, vejamen para las víctimas y sus familiares, afrenta para quienes lucharon contra la mafia y por la democracia, y perjuicio para el país y la ciudadanía. Por eso les cerramos el paso y resistiremos, sea cual sea el escenario”, escribió en su cuenta de X junto a una foto de su padre, el expresidente Valentín Paniagua.
La defensa de los derechos humanos bajo un gobierno fujimorista o de tendencia fujimorista en el Perú implica desafíos históricos y contemporáneos, marcados por la impunidad, las secuelas de crímenes de lesa humanidad de los años 90 (como esterilizaciones forzadas y desapariciones) y las constantes tensiones entre seguridad y libertades fundamentales,
Hay un debilitamiento institucional. Las organizaciones civiles y defensorías advierten sobre la erosión de instituciones democráticas autónomas, vitales para el control de abusos de poder y la protección de activistas.
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