El pronunciamiento de la directiva de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales del Perú, donde señala que el Poder Judicial debe realizar una investigación exhaustiva sobre supuesto actos delictivos de la presidente Dina Boluarte, ha tenido como respuesta un comunicado emitido por 16 gobernadores y el alcalde de Lima, quienes han firmado un comunicado, de evidente respaldo a la mandataria.
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Otro que se ha pronunciado, airadamente, ha sido el presidente del consejo de ministros, quien, mostrando la copia de un comunicado, calificó el pronunciamiento de la ANGR, como un acto violento, ofensivo e impropio.
¿Qué dice el comunicado que ha generado esta respuesta del presidente del Consejo de Ministros y de otros gobernadores regionales?
Señalan que el país atraviesa un “grave momento político” que es una “consecuencia del desgobierno, del enraizamiento de la corrupción en las más altas esferas del poder”, y en estas condiciones, “los hechos presuntamente delictivos atribuidos a la presidenta de la república, respecto al incremento patrimonial no justificado, cuyo orinen no está acreditado, deben ser materia de una exhaustiva investigación en el poder judicial con las consecuencias legales que ello amerite”.
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En un párrafo siguiente, señalan que “las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país”
La respuesta de un grupo de gobernadores regionales frente a este comunicado, parte señalando que “El consejo directivo de la ANGR no puede arrogarse la representatividad total de los gobiernos regionales”, lo que en buen cristiano significa, que este organismo de coordinación interregional, no sirve para nada, y está demás.
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Porque, con esta lógica, no mencionan en ningún momento la lucha contra la corrupción y por el contrario, recogen la tesis del gobierno de la “existencia de amenazas al orden constitucional, que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar al país”
Luego de estos comunicados, lo que parecía que iba a ser una alternativa de poder desde las regiones, no sólo para pedir presupuestos para sus regiones, sino para que desde las regiones se pueda fiscalizar al gobierno central, ha dejado de existir.
Ha primado el patrimonialismo. Los gobernadores regionales, para poder obtener recursos para sus regiones, debe convertirse en voceros del gobierno de turno. Ya no más descentralización, de manera que los gobiernos electos en cada región, tengan la capacidad y la autoridad para obtener el presupuesto que garantice su desarrollo, sino que este estará supeditado a la cercanía o no con el gobernante de turno.
