Lalo Quiroz | El Partero
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El 30 de diciembre del año que acaba de concluir, con mucho optimismo e ‘ingeniosa’ muestra de ‘marketing político’, se declararía —según la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada en El Peruano—: «como política de comunicación social, de cumplimiento obligatorio para todas sus entidades, el uso del logo y la frase: “¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!”, en toda publicidad institucional informativa, así como en toda comunicación dirigida a la población para informar sobre los servicios que se brindan». Así, al igual que en las campañas publicitarias de las grandes empresas, que se afanan para convencernos de que deberíamos comprar un producto que no necesitamos; así mismo, con un eslogan motivacional, buscarían hacernos creer que estamos rumbo a convertirnos en un país en donde todos podremos acceder a educación, salud, trabajo, vivienda y jubilación digna. Y, por extensión, que todo —nuestras oportunidades, nuestro éxito en la vida, nuestra felicidad y el desarrollo del país— dependerá solo de nosotros; y para lograrlo, solo necesitamos memorizar un eslogan y «pensar positivamente Pablo».
En una fatídica coincidencia y hasta en una cruel analogía de nuestra actual política, ese mismo 30 de diciembre, dos trenes de lujo de las empresas PeruRail e IncaRail que irían a ‘toda máquina’ colisionarían frontalmente —dejando una persona fallecida y más de un centenar de heridos— en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu. Sin embargo, en esta ruta competitiva y lucrativa, no sería la primera vez que ambas empresas colisionarían; ya lo habrían hecho en julio de 2018, donde dejarían un saldo de 16 personas heridas. Del mismo modo, esos accidentes no serían lo único que las uniría y las confrontaría, sino sus descarrilamientos y constantes accidentes —sobre todo de PeruRail— y sanciones por infracciones de seguridad. Si bien, IncaRail —con las acciones mayoritarias de la británica Track Investment Holdings Limited y su accionista Juan Alberto Forsyth Rivarola (tío del actual candidato presidencial George Forsyth)—, no estaría exenta de críticas por incidentes previos; PeruRail —conformada por Belmond Limited (parte del conglomerado francés Moët Hennessy Louis Vuitton) y Peruvian Trains & Railways (vinculada a los empresarios peruanos Lorenzo Sousa Debarbieri y Rafael López Aliaga)—, sería quien acumularía un historial de todo tipo de controversias. Desde su presunta falta de ética y de solidaridad con las comunidades locales, durante la pandemia de COVID-19, priorizando sus ganancias sobre la reactivación económica de dichas comunidades; hasta su implicancia en el origen de las protestas de la población local que conllevarían bloqueos en las vías ferroviarias en setiembre del año pasado.
Este lamentable accidente último, y su debate en torno a las posibles causas ‘error humano’, fallas técnicas, negligencia empresarial, falta de modernización de sistemas, ausente supervisión del Estado, entre otras—, nos llevaría a un tema de fondo: la mercantilización exacerbada del turismo en Machu Picchu. Es decir, desde su declaración como Santuario Histórico de Machu Picchu (8 de enero de 1981) hasta su designación como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno (7 de julio de 2007), las implicancias que habría significado convertirlo en el producto emblema de la Marca Perú; en donde, como suele pasar en todo Estado-neoliberal, más importante que el valor de intangibilidad y el compromiso con la preservación del patrimonio, estaría como fin supremo ponerlo en usufructo a máxima rentabilidad privada. En esta línea, la historiadora y gestora cultural Diana Guerra Chirinos, sostendría: «El permanente conflicto social parte de cómo el Estado plantea el uso de Machu Picchu: con una mirada hacia el turismo receptivo, sin la participación de la población local y sin considerar un turismo interno. Siempre fue una mirada muy extractivista. El turismo no es una gallina a la que se explota hasta que muera. Estamos absolutamente equivocados en lo que estamos esperando y queriendo con respecto a Machu Picchu».
Así, lo que otrora fuese el corazón del Imperio Inca —cuyas riquezas, tras la invasión española, serían objeto de saqueo y expoliación—; hoy en día, como si se tratase de un triste designio, parecieran repetirse tales prácticas depredadoras y de extractivismo cultural a manos de propios y extraños. En donde, tal y como advertiría la misma autora, se habría olvidado que todo patrimonio es un bien frágil, único y no renovable; por tanto, en el caso de Machu Picchu —que, además, es un bien natural—, debería promoverse un turismo regenerativo: recuperar su ecosistema, respetar los ritmos de la población local y reducir la presión sobre el sitio. Pero, por el contrario, más pareciera que los dictámenes del libre mercado —y sus vicios— persistieran en empujarnos al aprovechamiento y la explotación implacables de nuestros recursos: unos para intentar salir de la pobreza y otros para seguir enriqueciéndose ¡a toda máquina!
