La región de Ayacucho enfrenta una alarmante situación de seguridad vial, con un total de 62 muertes por accidentes de tránsito hasta la fecha, convirtiéndose en la principal causa de muertes violentas en la región, que ha reportado 201 fallecimientos por violencia en total. Las autoridades y especialistas han señalado que la imprudencia al volante sigue siendo el factor principal detrás de estos siniestros, con el 50 % de los casos atribuibles a la irresponsabilidad de los conductores.
De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), el resto de los incidentes se distribuye entre conductores que manejaban en estado de ebriedad (7 %), negligencia de peatones (5 %), exceso de velocidad (4 %), y errores propios de los conductores (3 %). Los datos reflejan que el incumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, que incluye el manejo a alta velocidad, bajo el efecto del alcohol, la falta de atención y la fatiga, sigue siendo una constante que incrementa el riesgo de accidentes.
La Dirección de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes indicó que el 95 % de los accidentes registrados en Ayacucho son causados por fallas humanas, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer las medidas preventivas y de control en las vías. Las autoridades también han instado a la creación de un organismo técnico especializado para liderar las políticas de seguridad vial en la región, como parte de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030.
El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) también ha reportado un aumento alarmante en la frecuencia de los siniestros, con hasta cinco emergencias semanales, principalmente ocasionadas por conductores bajo los efectos del alcohol. Las rutas hacia el Vraem, Andahuaylas, Huanta, Huancayo y Lima, que son algunas de las más afectadas, se encuentran en condiciones precarias, lo que agrava aún más el panorama de seguridad vial.
Llamado a la acción
Ante la grave situación, tanto autoridades como expertos en salud y seguridad vial han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura vial y las políticas de prevención para reducir los accidentes y sus consecuencias, que no solo afectan a las víctimas, sino que también generan un alto costo social y económico para la región.
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