Si las puertas se cierran, hay que buscar alternativas. Si la justicia peruana no quiere juzgar a los responsables de las masacres de Ayacucho y Juliaca, así como de Andahuaylas, Abancay Puno y Cuzco, en los meses de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, se tiene que recurrir a los tribunales internacionales, denunciando a quienes deben responder por los crímenes cometidos en esas ciudades.
Así lo ha decidido un grupo de abogados del Colegio de Abogados de Puno, que ha formulado denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la señora Dina Boluarte, en su condición de presidenta del Perú, Alberto Otárola, en su condición de ex ministro de Defensa y actualmente presidente del Consejo de Ministros.
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Asimismo, contra media docena de funcionarios de primer nivel, como ministros y oficiales del ejército y la policía, a quienes responsabilizan de la muerte de 50 civiles en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, luego de la vacancia del ex presidente Pedro Castillo, autor de un frustrado autogolpe de estado.
La denuncia es por delitos contra la humanidad, al hacer uso desproporcionado de armas de guerra para disolver manifestaciones que se realizaban en esas localidades, sin que se haya demostrado que los protestantes tuvieran en su poder armas contundentes, que significarían un peligro evidente para las fuerzas del orden.
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Como se ha visto en imágenes, tanto de Juliaca, Ayacucho y Andahuaylas, se observa a los agentes del estado apuntar a personas y disparar al cuerpo, es decir a matar sin que entre la victima y el victimario exista una relación que demuestre un peligro para el agente del estado.
De los casos de Ayacucho, que están documentados, tenemos el asesinato de un menor NN, que fue “cazado” cuando cruzaba la alameda del cementerio, de donde había salido luego de trabajar durante todo el día. Tenía 15 años, vivía en las inmediaciones del campo santo y fue baleado a las 7 de la noche, 5 horas después de los sucesos en las inmediaciones del aeropuerto.
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El otro caso documentado, es el de un ciudadano que salió de su vivienda para ayudar a una persona herida. No estaba atacando a nadie, no portaba absolutamente ninguna arma ni objeto contundente, para que su victimario le apunte con su arma y lo asesine.
Estos son dos casos de los 50 por los cuales debe responder la presidenta de la república y el presidente del Consejo de Ministros. Dos casos que se verán posiblemente, desde el día siguiente que dejen de tener la protección de sus cargos.
