A cerca de los 17 años del caso Suso, donde en el 2008 fueron asesinados dos campesinos, Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, durante una protesta en defensa del agua. Sin embargo, hasta la fecha no se encuentra justicia y los familiares continúan exigiendo al Estado iniciar el proceso de reparación.
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Al respecto, el abogado de la Defensa, Gualberto Huilcahuari, señaló que el Comité Interamericano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 2022, reconoció que el Estado peruano violó tres derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se debe reiniciar el proceso judicial, reestructurar la Policía Nacional y realizar el pago de una indemnización.
Ante ello, el comité dispuso una serie de medidas para que el Estado repare a las familias, así como iniciar las investigaciones y reabrir el caso contra el presunto responsable y los mandos policiales que dirigieron el operativo, ya que se presume que los medios probatorios habrían sido adulterados.
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“En noviembre del 2022 venció el plazo para que el Estado apruebe las medidas de reparación a los familiares, pero hasta la fecha no hay avances. Pareciera que la justicia para los campesinos es cada vez más remota e inalcanzable. A pesar de haber presentado documentos para exigir una audiencia, los representantes del ejecutivo nacional no han respondido”, indicó Huilcahuari.
Huilcahuari precisó que en caso el ejecutivo nacional siga siendo indiferente a esta disposición internacional y no reconozca la justicia para los familiares de las víctimas del caso Suso, saldrán a protestar hasta ser escuchados y atendidos.
