A partir del 28 de julio de 2026, el Perú retornará al sistema bicameral con un Congreso conformado por un Senado y una Cámara de Diputados, según la Ley N.° 31988. Aunque la reforma fue presentada como una mejora para la calidad legislativa y la fiscalización, diversos especialistas advierten que el modelo aprobado concentra poder, incrementa el gasto público y refuerza privilegios en un Parlamento con baja legitimidad ciudadana.
El nuevo Congreso estará integrado por 190 legisladores: 60 senadores y 130 diputados. Los diputados aprobarán las leyes en primera instancia, mientras que el Senado tendrá la revisión final y asumirá funciones clave como la designación de altas autoridades del Estado y la resolución de juicios políticos. Sin embargo, este diseño genera cuestionamientos por el limitado equilibrio entre ambas cámaras.
Uno de los aspectos más criticados es el impacto económico. Actualmente, cada congresista percibe cerca de S/29 400 mensuales en ingresos totales. Proyectado al nuevo Parlamento, el gasto anual en remuneraciones superaría los S/72 millones, sin incluir asesores y otros beneficios. Además, se dejó abierta la posibilidad de que el propio Congreso defina sus sueldos una vez instalado en 2026.
El Senado será una cámara indisoluble, incluso en escenarios de crisis política, lo que ha generado alertas sobre una posible concentración excesiva de poder. Especialistas advierten que este modelo podría derivar en un hiperparlamentarismo, debilitando los contrapesos democráticos y reforzando un Congreso con más atribuciones, pero sin mejoras claras en representación ni transparencia.
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