La Defensoría del Pueblo investiga una denuncia relacionada con la atención médica brindada a una menor en el centro de salud de Licenciados, en Ayacucho. La madre de la niña no solo cuestionó las consecuencias derivadas de una vacuna aplicada a su hija, sino también el trato que habría recibido al intentar reclamar atención.
El jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Wiber Jossef Vega Mendoza, confirmó a Jornada que su despacho está siguiendo el caso de cerca.
“Hace dos meses una menor fue vacunada en este centro de salud y se habrían generado consecuencias en su salud luego de esta aplicación”, explicó Vega. “La Defensoría del Pueblo tomó el caso y ya se garantizó su atención el día sábado. Ahora estamos haciendo el seguimiento correspondiente”.
El funcionario precisó que se tratan de dos situaciones diferenciadas: el problema médico que afectó a la niña tras recibir la vacuna, y un presunto maltrato a la madre de familia, quien intentó registrar su reclamo en video. Según su testimonio, personal del centro le habría indicado que no podía grabar dentro de la institución y que incluso podría ser denunciada por hacerlo.
Al respecto, el representante de la Defensoría fue enfático:
“Las instituciones públicas deben estar abiertas a la vigilancia ciudadana. Estas grabaciones y fotografías son completamente lícitas. Nadie puede impedir que los ciudadanos documenten situaciones para hacer valer sus derechos”.
Además, tras la difusión del caso en redes sociales, varios ciudadanos denunciaron situaciones similares ocurridas en otros establecimientos de salud de la región. Vega Mendoza indicó que su oficina recibe quejas de manera constante, muchas de ellas vinculadas con demoras, falta de medicamentos o maltrato al usuario.
“Tenemos múltiples quejas, son similares y recurrentes. Por eso es importante que se acerquen a la Defensoría para que podamos acompañarlos en el proceso”, afirmó.
En cuanto a las acciones institucionales, el defensor señaló que se han emitido recomendaciones formales a la Red de Salud Huamanga y que la Defensoría realiza un seguimiento de su cumplimiento.
“Si no se implementan las recomendaciones, sugerimos procedimientos disciplinarios. Y si encontramos indicios de responsabilidad penal, también damos cuenta al Ministerio Público”, advirtió.
El caso permanece en investigación y la Defensoría continuará monitoreando tanto la evolución de la salud de la menor como el proceso disciplinario en torno al presunto maltrato. La institución reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier vulneración de derechos en servicios públicos.
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