Las elecciones en el Perú y la vida política peruana, en determinados momentos, fue influenciada por organizaciones o individuos relacionados con actividades criminales. Son casos conocidos, la cercanía de Carlos Lambert con la campaña electoral de APRA en las elecciones de 1980, y su cercanía con líderes apristas, como Fernando León de Vivero, entre 1978 hasta 1983.
No sólo el APRA fue afectada por este tipo de relaciones. Las campañas de varios candidatos de los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali, en las elecciones de 1980, fueron financiadas por el narcotraficante Guillermo Porto Cárdenas Dávila, apodado “Mosca Loca”. Es conocida la insólita propuesta de este al gobierno de Acción Popular en el segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry: si me dejan trabajar, se entiende en el narcotráfico, el pagaría la deuda externa peruana.
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La relación entre el narcotráfico y la política peruana ha ensombrecido algunas campañas, donde candidatos desconocidos, han hecho alarde de grandes cantidades de dinero en la organización de mítines, desplazamientos, y regalos a los asistentes a sus presentaciones políticas.
Pero el narcotráfico no ha sido la única actividad criminal tras los procesos electorales. En las reelecciones se han utilizado recursos procedentes de la corrupción, tanto en el caso nacional como fue la reelección de Fujimori en el año 2000, como en las relecciones de gobiernos regionales y municipalidades.
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Pero, desde las primeras elecciones del presente siglo, ha ido tomando fuerza, especialmente en los departamentos con recursos auríferos -como Madre de Dios- la presencia de la minería ilegal. Hay en el actual congreso, una “bancada” que defiende a esto mineros ilegales, con el eufemismo de llamarlos artesanales o informales.
Luego de la matanza en Pataz de 13 vigilantes, se ha hecho ya vidente la presencia de esta minería ilegal en la política peruana, por la dación de leyes que la benefician. La empresa Ipsos, de opinión y mercados, en un estudio reciente, indica que para el 81% de los peruanos esta actividad ilícita tiene mucha influencia en la política peruana.
Un 83 % de los peruanos consideran que esta actividad criminal ha corrompido a congresistas y un 82 % a gobernadores regionales.
Pero en vista de las elecciones del 2026, más de dos tercios de los peruanos, considera que uno de los principales financistas de las campañas para el congreso, los gobierno regionales y municipalidades, serán estas “empresas mineras informales” dedicadas a la minería ilegal.
