Recordemos, que en las elecciones presidenciales de 2021 se caracterizaron, por primera vez en nuestra historia republicana, por la abierta exposición del racismo, de la discriminación y del menosprecio de las clases supuestamente dominantes que votaron por Fuerza Popular hacia las clases postergadas y rurales del país, los cholos, la indiada, que han votado masivamente por el profesor Pedro Castillo de Cajamarca. ¿Cómo decía Carlos Iván Degregori, “llegará el momento en que un local (provinciano) llegue a gobernar el país?”.
La coyuntura actual ha desnudado nuestra estructura social, económica, cultural y política, el racismo de raza y de clase, causando una tensión social muy intensa, exacerbada aún más por intransigencia de los grupos antidemocráticos que se niegan a aceptar los resultados de la votación negando que el presidente sea un maestro de campo.
En el Perú, el racismo contra las poblaciones originarias, rurales y afroperuanas fue un elemento constante durante la época colonial, y fue reproducido desde 1821 en la República, que excluyó a los peruanos originarios de la nación y de la ciudadanía. El racismo se ha manifestado -según el Informe Final de la CVR- en la guerra interna contra los campesinos andinos y los nativos amazónicos acusados de ser terroristas y se expresa en la coyuntura de crisis política actual iniciada en 2016. El racismo, la discriminación y la xenofobia de las élites y de las clases medias peruanas perdura por la falta de educación cívica e histórica, y por falta de solidaridad con las clases postergadas del Perú profundo. Las leyes contra el racismo existen, pero no son aplicadas, ni respetadas, al menos en la coyuntura política actual que atraviesa nuestro país agudizada por una crisis económica ocasionada por el covid19 que dejó tras de sí más de 3 millones de desocupados, sumada a ella los conflictos sociales que repercute en el alza de los combustibles, el costo de vida que viene afectando más aún la situación económica de los hogares. Mientras el gobierno del maestro va mostrando a decir de los analistas políticos una precariedad política de como gobernar el Perú. Sus deslices políticos han exacerbado mucho más los ánimos de la población. El vandalismo, saqueo en diversas ciudades, bloqueo de carreteras por los transportistas de carga pesada y sensibles decesos es lo que va dejando las protestas. ¿Primó la cuota de poder antes atender las necesidades de la población?
El racismo ordinario ha sido silenciado y denegado, pero no ha desaparecido pues el Estado no ha reconocido su gravedad. Además, desde el fin del conflicto armado interno ningún gobierno ha asumido las tareas urgentes para reformar el sistema educativo a profundidad y difundir los valores de igualdad social y de solidaridad nacional entre todos los peruanos, tareas que fueron recomendadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pero que pocos peruanos conocen por un sector interesado en que no se sepa las causas y consecuencias del conflicto armado interno. A la fecha no aprendimos nada de esos sucesos dolorosos (1980-2000).
“La palabra cholo, por ejemplo, reemplazó la palabra indio en el sentido de que una persona vale menos por sus características físicas. En Perú, muchas personas quieren ser blancas. Y una forma de serlo es choleando al otro”, añade la antropóloga Karina Pacheco. “Hay una lógica en el Perú de que si tienes rasgos andinos, tienes menos educación, menos plata porque así se ha construido el esquema colonial del cual no nos hemos independizado hasta ahora”, denuncia Pacheco.
Asimismo, estima que el Perú es un país que no termina de reconocer su diversidad. “Solo el quechua y el aymara son reconocidos como lenguas oficiales, además del español. Esto, a pesar de que existan otros idiomas. Lograr esto ha demorado siglos. ¿Se imagina la discriminación que han sufrido y siguen sufriendo los peruanos que no pudieron ser atendidos en instituciones del Estado por no hablar el idioma oficial?”.
