Mañana se cumplen dos años de la masacre del 15 de diciembre de 2022, cuando 10 ayacuchanos, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados en las inmediaciones del Aeropuerto y del Cementerio general, en una masacre que se prolongó por varias horas, hasta casi el anochecer.
A quienes han levantado su voz de protesta por la forma como se ha reprimido a las protestas sociales en los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023, se les ha respondido con discursos de odio, calificándolos de terroristas y violentistas.
Estos discursos de odio han provenido desde la casa de gobierno, de boca de la presidente de la república, la señora Dina Boluarte, con aseveraciones como “balas dumdum”, “ataque con bombas” y la presencia de “ponchos rojos bolivianos”. Y lo ha repetido en el mensaje a la nación del 8 de diciembre.
Para no entrar en discusiones, es suficiente tomar en cuenta lo que señala el “Informe sobre situación de derechos humanos en el Perú” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- del 3 de mayo de 2023.
Lo primero que destaca es que ocurrieron por “factores étnicos-raciales y regionales … (en) regiones donde predomina la población indígena y campesina”
Agrega “… la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Y pone como prueba “el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones”.
Sobre Ayacucho, la CIDH declara que “… se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.”
¿Terroristas los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Nadie en su sano juicio los calificaría así. Los medios que consideran que debe investigarse a los responsables, especialmente a los que dieron la orden de matar, se les acusa en las redes sociales como terroristas.
La sanción a los responsables no debe afectar la imagen de las instituciones, especialmente de aquellas que velan por la integridad del país y otras garantizan una vida pacífica que todos los peruanos deseamos.
