Hemos sido testigos, una vez más, del dolor que sienten hijos y hermanos y, en algunos caos padres ancianos, que después de 40 años, han recibido los restos óseos de sus familiares, que un día lejano de 1983 o 1984, fueron sacados de su domicilio de madrugada, o secuestrados en la calle, y nunca más supieron de ellos.
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Los testigos de estos hechos, narraron siempre que el porte, la ropa y la actitud de los autores, los describían como “parecidos a militares”, y por eso sus pasos, al no encontrarlos en los echaderos de basura, como era Puracuti en esos años, o en las quebradas como Infiernillo, sus pasos se encaminaban hacia el cuartel Los Cabitos, donde una tienda al costado del portón indicaba: “La última esperanza”.
Y la última esperanza terminaba ahí. Allí no habían detenidos, aun cuando muchos que sobrevivieron a las detenciones, reconocieron que estuvieron ahí.
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Fueron los años más duros para Ayacucho. Quienes recuerdan como vivieron esos años de 1983 y 1984, narran los toques de queda, los cadáveres que aparecían en las calles, los desfiles de los militares los domingos con el rostro embadurnado de negro y los apagones de los paros armados.
Por supuesto, los atentados terroristas, como el niño bomba que estallaban frente a un local de la Policía de Investigaciones, los apagones que anunciaban los paros armados, donde se dormía de día y de noche se pasaba en vela, con el temor de alguna visita indeseada. Porque todos eran sospechosos, para uno u otro bando, o para ambos.
En ese ambiente de miedo, estas 8 personas: 7 hombres y una mujer perdieron la libertad y la vida. Deben de haber vivido días terribles, posiblemente de torturas irrepetibles, y sus cuervos fueron finalmente enterrados en las inmediaciones del cuartel.
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La ceremonia, como todo duelo es doloroso. Los familiares han estado ahí, mostrando las fotografías, las pocas que tenían de sus hijos, hermanos o padres y las han mostrado a quienes estuvieron acompañándolos desde la Fiscalía y el ministerio de Justicia.
Son hombres jóvenes, en plana vida y al verlos, nada hace suponer que terminaría sus vidas de un momento a otro: desaparecerían.
Sus muertes, su detención, el trato cruel que habrían recibido durante su detención y su ejecución extrajudicial, configuran delitos de lesa humanidad. Los autores han sido denunciados, pero, los responsables políticos y quizás cómplices por omisión: Fernando Belaúnde y Alan García, no han sido responsabilizados por estos crímenes de lesa humanidad.
