Esto se da en un mundo de cambios que han transformado la economía y la vida de las personas, donde por encima de los bienes materiales están los servicios y en un planeta cada vez más integrado, la riqueza, de acuerdo al Banco Mundial, favorece a una minoría, mientras que las grandes mayorías se han empobrecido más.
En este escenario llama la atención el informe publicado por la ONG Cooperación, en su página web, donde señala que de acuerdo a World Inequality Report 2022, (Informe sobre la desigualdad global 2022) el Perú es el cuarto país más desigual del mundo.
Recibir esta información, ahora en medio de fuertes protestas en todo el país relacionadas con una percepción de desigualdad -que estos datos confirman- es urgente retomar este debate de cómo se redistribuye la riqueza en nuestro país, para superar la pobreza en las poblaciones más vulnerables, como son los pueblos originarios quechua, aymara y nativos amazónicos, así como la población afrodescendiente. Además, indica, que tanto la pobreza como la desigualdad se han acentuado en el Perú.
Una de las formas de una redistribución más equitativa es una reforma tributaria. Sin embargo, el proyecto de ley de esta reforma presentada por el gobierno de Pedro Castillo fue archivado por el congreso. Esto demuestra el poder de los grupos económicos privilegiados, que realizaron una campaña intensa en los medios de comunicación.
En un artículo publicado por la BBC de Londres sobre el Índice Palma, que reemplaza al Índice Gini, que se utilizaba desde la segunda década del siglo XX, indica que una cosa mes es crecimiento y otra “Cambiar la desigualdad”.
Precisa que, para ello, “necesariamente pasa por cambiar la estructura tributaria, reducir la evasión y elusión de impuestos, aumento del salario y formalización del trabajo, transferencia a los pobres. Es muy fácil saber lo que hay que hacer, otra cosa es tener la voluntad para hacerlo”.
No se trata sólo de buscar inversiones, sino como estas llegan y ayudan a mejorar la economía de las familias, dando trabajo y salarios justos. Países cuya economía funciona en base a actividades extractivas, como el gas, la minería, la tala y la pesca, necesitan ser tratadas con políticas de estado que preserven recursos para el futuro.
Pero, además, con los tributos recaudados, generar los servicios que requiere la gran mayoría: salud y educación de calidad y una vida digna. Proveer de trabajos que respeten la salud y salarios dignos.
