José Mallma | El diario de Polideo
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Cuando el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que lo imita y lo reemplaza, estamos frente a un fenómeno devastador: el Estado paralelo. Un régimen no institucional pero real, que cobra impuestos, impone sanciones y controla territorios. Un régimen que crece con la complicidad pasiva o activa de autoridades debilitadas, indiferentes o corrompidas.
En el Perú, esta forma de poder subterráneo está dejando de ser una amenaza potencial para convertirse en una realidad extendida, especialmente en zonas donde el Estado oficial ha renunciado a ejercer soberanía. La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en una modalidad fiscal paralela: el comerciante, el transportista, el emprendedor, no le teme a la SUNAT, sino a las bandas que cobran “cuotas” bajo amenaza de muerte. ¿No es eso un impuesto, pero administrado por mafias?
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Basta mirar el caso de Pataz, donde organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal asesinaron a 13 personas. Allí, estas mafias otorgaban “concesiones” sobre vetas minerales como si fueran el Ministerio de Energía y Minas. Y lo hacían a vista y paciencia de las autoridades, algunas de las cuales todo indica no eran ajenas al negocio. Lo mismo ocurre en distritos de Trujillo o Lima, donde vecinos, empresarios y hasta funcionarios terminan acatando las reglas del crimen, porque temen más a los extorsionadores que al sistema de justicia.
En Haití, ese proceso ya terminó: el Estado ha sido completamente desplazado por pandillas que gobiernan ciudades enteras. La población vive bajo un régimen de facto, donde la violencia es ley y la autoridad se mide por la cantidad de armas. ¿Vamos por el mismo camino? Si no actuamos, claro que sí.
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Lamentablemente, el Estado peruano retrocede, se arrincona, cede funciones y territorio. Lo hace no solo por debilidad institucional, sino por complicidad política. Mientras las organizaciones criminales avanzan con estructuras empresariales, tentáculos transnacionales y vínculos con sectores del poder económico, el Congreso aprueba leyes sin impacto real, como los chalecos para motociclistas, creyendo ingenuamente que con eso se reducirá la criminalidad.
El gobierno, por su parte, naufraga en su ineptitud. Incapaz de nombrar autoridades policiales competentes y ministros con conocimiento técnico, ha permitido que la inteligencia se oxide y que la fuerza del Estado pierda su capacidad de respuesta. Y mientras tanto, algunos de sus propios miembros coquetean con las redes criminales en busca de impunidad o poder.
¿Qué se necesita? Más que leyes simbólicas, se requieren acciones de inteligencia estructural, infiltración, desmantelamiento financiero, cooperación internacional real. Y sobre todo, voluntad política. La lucha contra el Estado paralelo no se libra solo con discursos; se libra con decisiones firmes y sostenidas.
Cada día que el crimen avanza, no solo se debilita el Estado, sino que se consolida otro: uno que no rinde cuentas, que no respeta derechos, y que, si no lo detenemos ahora, será el que gobierne mañana.
