Las declaraciones de la presidente de la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos -Asfah- el 15 de diciembre en las inmediaciones del Aeropuerto Eduardo Mendívil de Ayacucho, calificando, con duros adjetivos, al defensor del Pueblo, es resultado del origen de la designación de este funcionario público.
Él puede afirmar, como lo ha hecho en diversas oportunidades, incluyendo sus últimas declaraciones durante su visita a la Ayacucho el pasado 28 de mayo, que la Defensoría del Pueblo y él personalmente se ha interesado porque las victimas encuentren justicia y los responsables sean sancionados ejemplarmente, pero nadie le cree.
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¿Cuál es la razón de esta desconfianza? El origen de su mandato. No es un secreto, que la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia y del Defensor del Pueblo, fue resultado -negado por él y sus patrocinadores- de un pacto infame entre el fujimorismo y Perú Libre, para repartirse estas instituciones.
El Tribunal Constitucional, se ha convertido en la institución que respalda todos los caprichos de un congreso que da normas contrarias a la constitución y los acuerdos y convenios internacionales firmados por el estado peruano. Ha dispuesto la excarcelación de Alberto Fujimori al avalar un indulto carente de sustento legal.
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La Junta Nacional de Justicia está controlada igualmente por abogados cercanos al fujimorismo y responde a las directivas con Congreso en su persecución a fiscales y jueces que ven los casos contra Keiko Fujimori y la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo está en manos de Perú Libre. Para nadie es un secreto que el principal enemigo de Perú Libre, según los hermanos Cerrón, son los defensores de las organizaciones de derechos humanos, que están controladas por los “caviares” y los “rojetes”, como despectivamente califican el fujimorismo y la ultra derecha a quienes defienden los derechos humanos.
¿Pueden los familiares de los asesinados en los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, confiar en instituciones, como la defensoría del pueblo, controladas por una infame coalición formada en el congreso? La respuesta la ha dado la presidenta de la Asfah: “Es el defensor de los corruptos”.
Con esta frase deslinda totalmente con una institución no satisface las expectativas de los familiares de los 49 asesinados y cientos de heridos por la policía y el ejército, en los tres primeros meses del gobierno de Dina Boluarte.
