En la Catedral de Huamanga, el Ministerio Público entregó los restos de doce personas asesinadas durante el conflicto armado interno. Las víctimas forman parte del caso Chungui, uno de los más graves documentados en la región. Entre los cuerpos figuran los de Julia Enderica Casa, su hijo no nacido, Isabel Casa Sánchez, Vilma Díaz Casa, Hipólito Díaz Ccayanchira, y un ataúd con restos óseos de al menos cinco personas del paraje Chaupimayo.
Fiscalía entrega restos de víctimas del caso Chungui y reafirma que en Perú hay más de 22 mil desaparecidos, la mayoría en Ayacucho. Investigación sigue abierta.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho, Fritz Espinoza, confirmó que los hechos ocurrieron entre los años 1984 y 1987 y responsabilizó, según las investigaciones fiscales, a miembros del Ejército Peruano y comités de autodefensa.
“Los restos han sido entregados tras un largo proceso de recuperación, análisis forense e identificación. Este trabajo ha sido posible por el esfuerzo del Ministerio Público y de los peritos especializados, pero también gracias a los familiares que nunca dejaron de buscar”, declaró Espinoza.
Los cuerpos fueron exhumados de parajes remotos como Vegapata, Chaupimayo y Puquiopata. Las víctimas fueron asesinadas con extrema violencia, muchas de ellas degolladas, mutiladas o quemadas.
“Estamos hablando de crímenes de altísima gravedad. A las víctimas las torturaron, las mataron con machetes. En el caso de Frasquides Castro Ccellccascca, por ejemplo, lo apedrearon y apuñalaron cuando intentaba huir, pero no pudo por su edad”, precisó el fiscal.
Según la carpeta fiscal, en mayo de 1987, militares y ronderos de la base de Mollebamba incursionaron en Chaupimayo. Allí interceptaron a pobladores que cosechaban maíz, entre ellos dos niñas, que fueron forzadas a guiar a los agentes hasta el campamento de refugiados en Vegapata. Una vez localizadas las personas enfermas y mayores, las atacaron con armas y machetes. Algunas víctimas fueron enterradas por sus propios familiares.
En otra operación militar ocurrida el 20 de abril de 1984 en el anexo Totora, las fuerzas combinadas del Estado —militares, Sinchis y ronderos— irrumpieron acusando a los comuneros de colaborar con Sendero Luminoso.
“Durante la intervención, fueron asesinadas varias personas. Algunas fueron torturadas y luego calcinadas. La mayoría fue enterrada de forma improvisada por sus propios parientes”, relataron.
Los restos identificados pertenecen a Julia Enderica Casa, su hijo no nacido, Isabel Casa Sánchez, Vilma Díaz Casa, Hipólito Díaz Ccayanchira, Eugenia Quispe Porras, María Ccorahua Baldeón, Zenobia Quispe Lapa, Juan Oscco Tello, Constantina Aspuz Terraza, Frasquides Castro Ccellccascca, y un conjunto de cinco personas no plenamente identificadas.
Espinosa añadió que las investigaciones siguen abiertas y que la identificación de los autores materiales continúa.
“No puedo brindar nombres porque son investigaciones en curso, pero las carpetas fiscales ya atribuyen estos hechos a miembros de las fuerzas del orden y a ronderos. La labor ahora es individualizar responsabilidades”, afirmó.
El Ministerio Público también confirmó que los perfiles genéticos de los restos no identificados fueron derivados a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas para su conservación.
“En el Perú hay más de 22 mil personas desaparecidas durante el periodo de violencia. Solo en Ayacucho está el 52 % de esos casos. Esta entrega no significa el cierre de los procesos. Es parte de un compromiso institucional para que las familias tengan verdad, justicia y un lugar donde llorar a sus muertos”, agregó el presidente de la Junta de Fiscales.
Las familias recibieron los ataúdes en medio de cantos religiosos, flores y silencio. Algunos habían esperado más de tres décadas para enterrar a sus seres queridos. Otros aún no los encuentran. El Ministerio Público reiteró que la búsqueda no se ha detenido.
“Seguiremos buscando. Mientras haya una madre o un hijo esperando respuestas, no dejaremos de trabajar”, concluyó Espinoza.
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