La decisión del Tribunal Constitucional, usurpando las funciones del poder judicial, en especial de la Corte Suprema, que es la última instancia de los procesos contenciosos, ha dispuesto la inmediata excarcelación del exdictador Alberto Kenya Fujimori Fujimori, quien cumple prisión en mérito a la sentencia sobre homicidio calificado, en los casos La Cantuta y Barrios Altos, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, considerados como delitos de lesa humanidad.
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Además, Alberto Fujimori ha sido condenado por el allanamiento ilegal a la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, de donde extrajo cientos de videos para desaparecerlos, así como por otros delitos de peculado, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado peruano.
Su participación como autor mediato en todos estos delitos está probado en el juicio al que fue sometido e incluso en instancias internacionales, cuando se elevó el expediente de extradición, se realizó una suerte de juicio previo en los tribunales chilenos, quienes dieron el pase para que se cumpla con la extradición, porque encontraron suficientes pruebas que demostraban el delito y que no se trataba de una persecución política, como argumentaba su defensa.
Durante el conflicto armado interno se cometieron crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos en las comunidades quechuas en los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica y contra las comunidades nativas ashánincas en los valles del Apurímac, Ene y Perené, pero los más mediáticos y que involucraban directamente a un presidente, fueron los de La Cantuta y Barrios Altos.
Allí actuaron los integrantes de un comando de aniquilamiento constituido por el servicio de inteligencia nacional que dirigía Vladimiro Montesinos. Este comando denominado “Grupo Colina”, por declaraciones de uno de sus integrantes, fue responsable del asesinato del periodista Luis Morales Ortega a una cuadra de la Plaza Mayor de Huamanga y de la e x alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha.
Pero la detención y desaparición de los estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta – puso al descubierto toda la trama que se organizaba desde el SIN con el concurso y la aprobación del sátrapa Alberto Fujimori, primero para negar la detención, luego la desaparición y finalmente las ejecuciones extrajudiciales, tres delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los mismos que no son pasibles de amnistías ni indultos.
La decisión del Tribunal Constitucional de disponer su inmediata excarcelación, puede ser desestimada por el Ministerio de Justicia, que tiene autoridad sobre el INPE, institución que dispone la salida de los reos en prisión. El apuro de dar por válido el ilegal indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski Godard, debe explicarse, por los integrantes del Tribunal Constitucional temen que el avance de las investigaciones de la red criminal de Patricia Benavides, invalide la elección en la que fueron elegido integrantes del TC.
