Han pasado más de 50 días desde el feminicidio de Lucía Bravo López (21) joven psicóloga y anfitriona, asesinada el 13 de abril de este año en el sector de Campanayocc, en Carmen Alto. Los deudos viven angustiados y frente a la inacción de la policía decidieron ellos mismos ofrecer una recompensa económica a quienes brinden información certera y confidencial que conduzca a su captura.
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Su agresor y principal sospechoso, Erasmo Aguilar Cordero (31) exentrenador de gimnasio, continúa prófugo, sin que hasta la fecha las autoridades logren dar con su paradero.
Según la versión de los familiares y diversas pruebas presentadas, Erasmo Aguilar disparó a Lucía en el pecho tras no aceptar el fin de la relación sentimental. La joven ya había denunciado agresiones previas, incluyendo un intento de secuestro, y contaba con medidas de protección dictadas por un juzgado en Huancayo.
Fallas en la investigación
El día del crimen, la DIVINCRI Ayacucho y el fiscal de turno, Robinson Mariano Alarcón Gutiérrez, estaban a cargo de las diligencias iniciales. No obstante, la familia denuncia que las acciones urgentes e inaplazables –como el levantamiento del cadáver, la inspección de la escena y la recolección de pruebas– no se realizaron a tiempo, sino recién varios días después, perdiéndose evidencia clave para el caso.
“El día en que hallaron el cuerpo de mi hija, debieron actuar de inmediato. Pero no lo hicieron. Nos sentimos abandonados por un sistema que no protege a las víctimas, sino que encubre a los agresores”, declaró la madre de Lucía entre lágrimas.
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Un feminicida con historial delictivo
El prontuario de Aguilar Cordero es extenso y alarmante. Existen denuncias registradas en varias comisarías del Vraem por agresión física, tentativa de secuestro, violación, trata de personas y explotación sexual, todas interpuestas por diferentes mujeres. Pese a ello, nunca fue detenido. Hoy, tras la muerte de Lucía, es buscado por feminicidio y podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
“Sabemos que está siendo ayudado por personas cercanas, posiblemente con apoyo logístico y económico para ocultarse. No solo debe responder él, sino también quienes lo encubren”, arguyó el abogado de la familia.
Recompensa y llamado urgente
En vista de la inacción de las autoridades y del fracaso de la Región Policial de Ayacucho para capturarlo, la familia ha decidido ofrecer una recompensa económica significativa para quien brinde datos fiables que permitan ubicar al asesino. Toda información será manejada bajo estricta confidencialidad.
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La familia también ha solicitado la intervención directa del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Inteligencia para que el caso sea tratado con la gravedad que merece. Exigen, además, la remoción del jefe policial de Ayacucho, Jorge Alberto Quiroz Grosso, por su falta de resultados tras más de siete semanas de búsqueda infructuosa.
Mientras tanto, organizaciones feministas, y colectivos de derechos humanos continúan detrás de este caso hasta que se capture al responsable.
Cualquier información pueden llamar al 964 898 338.
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