Por las orillas del río Caracha, en el distrito de Carapo, provincia de Huancasancos, las autoridades detectaron a personas implicadas en el delito de minería ilegal. Trabajaban al margen de las normativas, por lo que tuvieron que ser intervenidas.
No eran las aguas ni el viento los que hacían eco en la quebrada, sino el sonido de una retroexcavadora y tres volquetes que removían la tierra sin descanso. Allí, entre la neblina y el polvo, cuatro hombres trabajaban extrayendo agregados de arena sin imaginar que, en cuestión de minutos, sus faenas serían interrumpidas por la autoridad.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ayacucho (FEMA), junto a la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, había preparado un operativo sorpresa tras recibir información sobre la actividad ilícita que venía degradando la zona. Encabezados por los fiscales adjuntos provinciales Miguel Ángel Guerrero Astoray e Iris Ayala Morales, los agentes se desplazaron hasta el lugar y confirmaron lo que ya era una denuncia constante de los comuneros: el río estaba siendo depredado.
“Estas actividades ilegales generan un grave impacto en los recursos naturales, destruyen la cobertura vegetal, contaminan el agua y modifican el cauce del río”, trascendió.
El operativo terminó con la detención de los implicados y la incautación de los vehículos pesados utilizados para extraer, acopiar y transportar el material no metálico. Según las primeras indagaciones, los detenidos realizaban estas labores de manera clandestina y sin autorización ambiental ni concesión minera, afectando los cauces naturales y alterando el ecosistema fluvial.
La FEMA Ayacucho dispuso el inicio de diligencias preliminares para determinar las responsabilidades penales por el presunto delito de minería ilegal y otros que pudieran configurarse. Los implicados fueron trasladados a la dependencia policial de Huancasancos, mientras se investiga la posible participación de más personas vinculadas a la extracción.
El caso del río Caracha no es aislado. En diversas provincias de Ayacucho —como Lucanas, Sucre, La Mar y Huanta— la minería ilegal y la extracción informal de materiales no metálicos se han convertido en una práctica recurrente que amenaza los recursos hídricos y la biodiversidad.
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