Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Periódicamente nos preguntamos ingenuamente ¿porqué tantos errores en nuestra gobernabilidad? ¿porqué ya no nos sorprende cada canallada política emparentada con la corrupción?. ¿Qué grado de valoración le estamos dando a la dignidad personal y humana?¿qué tan articulados como fuerza homogénea estamos los ciudadanos y las instituciones públicas y civiles para intentar solucionar nuestros diferentes malestares sobre el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible del país. ¿Dónde está la opinión pública institucional ?. ¿Dónde están la UNSCH y los Colegios Profesionales; los defensores de DDHH, etc.
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La reciente, maliciosa e ilegal intención de invadir el actual y moderno Archivo Regional de Ayacucho nos está diciendo de la irrespetuosa e ilegal conducta, soberbia y autocratismo de una mayoría del oficialismo regional y local ayacuchano contra una gobernabilidad con visión sensata de futuro esperanzador participativo y solidario. Quizás debiéramos preguntarnos del porqué en promedio, en las diferentes elecciones habidas en los últimos años la ausencia de sufragantes ha estado alrededor del 30% del padrón electoral y los votos nulos y viciados alrededor del 20%. Aventurando una explicación esto podría estar diciéndonos que aproximadamente un 40% del electorado no se convence de la autenticidad y capacidad técnica y moral de las candidaturas, porque son testigos de que hay aventureros entre ellas, por eso no asisten o “ vician” su voto. Puede tratarse de un significativo número de ciudadanos (as) inteligentes pero desilusionados electoralmente.
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Aquí cabe cavilar sobre la buena o mala interpretación legal que se acostumbra dar al término VICIAR. Todo aquel que asiste a votar recibe una cédula para marcar su opinión electoral. En ella anota la candidatura de su preferencia o cualquier palabra o frases no pertinentes al caso o simplemente no anota nada y la deja en blanco. En los tres casos está manifestando su opinión ciudadana en la cédula. La Constitución (Art. 176) señala que : “…. las votaciones traducen la expresión auténtica, libre y espontánea y que los escrutinios son reflejos exactos y oportunos de la voluntad del elector expresada por vía directa….”. El art. constitucional 2.2 reconoce, entre otros, a la Opinión Ciudadana como un Derecho.
En los tres casos señalados el sufragante ha hecho uso lícito de este Derecho. Esto significa jurídicamente la imposibilidad legal que un voto en blanco o garabateado pueda ser viciado, porque no se está cometiendo ningún delito o falta que requieran ser sancionados. Simplemente está manifestando su opinión neutral. Sin embargo, la sanción ocurre pues el significativo porcentaje de esta minoría que asistió a votar en forma neutral no es contemplada en el cálculo oficial para cada candidatura que obtuvo votos. Si se contemplara ese porcentaje, la valla que tengan que salvar las organizaciones sobre la pérdida o no de su inscripción en el JNE sería más alta. Esto ayudaría a contrarrestar el exagerado, inorgánico y dudoso número de organizaciones políticas. Estamos constatando que ya son 37 organizaciones políticas inscritas en el JNE y que hay 30 adicionales esperando su inscripción. Las próximas elecciones amenazan ser una pesadilla porque así lo está permitiendo la cuestionable ley electoral vigente. Del Congreso ya no se espera nada confiable para mejorar la situación. Lástima que la mayoría de congresistas sean tan canallas.
