Un megaoperativo conjunto fue ejecutado en Ayacucho por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección de Inteligencia (Dirin) y el Ministerio Público. Este megaoperativo permitió la detención preliminar de tres personas presuntamente involucradas en una red de corrupción que operaba en instituciones públicas de la región.
La intervención, denominada “Carroñeros”, incluyó además el allanamiento de ocho inmuebles con fines de registro e incautación de documentos y equipos electrónicos. Según las autoridades, el caso se investiga bajo el presunto delito de colusión agravada, una figura penal que sanciona acuerdos ilegales entre funcionarios públicos y particulares para defraudar al Estado.
PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE CONTRATACIONES
Entre los detenidos se encuentra Teodosio Huamán Toledo, quien se desempeñaba como jefe de administración del Hospital Regional de Ayacucho y también como director regional de administración del Gobierno Regional. Junto a él fue capturado Ángel Gabriel Rodríguez Conde, empresario y representante legal de la empresa Prosperu S.A.C., así como Eloy Velarde Chávez, encargado del área de adquisiciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
De acuerdo con las investigaciones, Huamán Toledo y Rodríguez Conde habrían actuado en coordinación para influir en los procesos de contratación del hospital. El objetivo era lograr la anulación de concursos en curso mediante presiones o coacciones a los servidores encargados, para luego redirigir las convocatorias hacia empresas vinculadas a la red.
En otros casos, se habría buscado generar situaciones de desabastecimiento en el hospital, lo que permitiría justificar contrataciones directas sin concurso público, favoreciendo a determinados proveedores.
FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN Y PERJUICIO ECONÓMICO
Las pesquisas también alcanzan a Eloy Velarde Chávez, quien desde su cargo en la universidad habría filtrado información privilegiada sobre requerimientos institucionales. Esta práctica permitía a empresas allegadas anticiparse a los procesos de compra y simular competencia mediante cotizaciones aparentemente independientes.
Según estimaciones del Ministerio Público, estas acciones habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/2 916 936.03. Este monto refleja el impacto de las presuntas irregularidades en recursos destinados a servicios esenciales, como la atención en salud y la gestión educativa.
Durante el megaoperativo, las autoridades incautaron documentación administrativa y equipos electrónicos que serán analizados para rastrear comunicaciones y evidencias relacionadas con los hechos investigados. Este material será clave para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y la posible participación de otros funcionarios.
Las investigaciones continúan en curso, mientras el Ministerio Público evalúa solicitar medidas adicionales en el marco del proceso.
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