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viernes, abril 12, 2024
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Mudos, sordos y ciegos | EDITORIAL

Las principales universidades del Perú, y en especial las facultades de derecho, se han pronunciado sobre el acuerdo del Congreso de la República de sancionar y destituir a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto, ha sido condenando el abuso que significa este acuerdo congresal.

En los años sesenta, la recién reabierta Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, bajo la rectoría del doctor Fernando Romero y Pintado, y de los posteriores rectores Luis González y Carré y Efraín Morote Best, siempre se pronunció sobre los problemas nacionales e incluso, sobre temas internacionales.

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En los años setenta, la UNSCH publicó pronunciamientos sobre la situación del país y en especial sobre las reformas que realizó el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado. No se mantenía al margen de lo que acontecía en el país y en el mundo.

Los veinte años del conflicto armado interno enmudecieron a la universidad. satanizada y “terruqueada”, guardó un prudente silencio y se vio obligada a pactos que le permitió no ser intervenida por el Estado, como sucedió en otras universidades, como la del Centro del Perú en Huancayo, San Marcos, la UNI y la Cantuta en Lima.

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Pero los tiempos han cambiado. La Universidad tiene que ser una institución atenta a lo que sucede en el país y tener una voz frente a los problemas que suceden en el día a día, en la política, la economía, el desarrollo agrario, los problemas ambientalistas como la tala de los bosques de la Amazonía o los conflictos mineros entre las empresas y las comunidades campesinas.

¿Qué la universidad no tiene nada que decir? Si el claustro considera que la Universidad Nacional de Huamanga no tiene porqué pronunciarse, es bueno saber porque no lo hacen. Temor a intervenciones, recortes de presupuestos o lo que sea. Pero es bueno saberlo.

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Si la universidad, en el caso de los acuerdos del Congreso de la República del Perú de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, considera que esta decisión es correcta y se ajusta al derecho constitucional peruano, que lo diga, aun cuando su opinión sea contraria a lo que opinan otras universidades peruanas.

Lo que esta mal, es que la Universidad como institución permanezca muda frente a problemas tan serios para el país. La Facultad de Derecho, donde están los maestros que forman a los profesionales del derecho, deberían hacer conocer su opinión, y no permanecer ciega, sorda y muda.

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