Mario Cueto | Opinión de Miércoles
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Cumplido el plazo para las renuncias de gobernantes, autoridades y funcionarios, con aspiraciones de participar en el próximo proceso electoral nacional, integrando alguna de las listas presidenciales o las de senadores y diputados, según el Jurado Nacional de Elecciones, no superan un dígito, sin embargo, vamos tomando conocimiento, de numerosos ciudadanos, que se perfilan como potenciales candidatos, formando parte de las decenas de listas, buscando gobernarnos; como me comentaba un amigo; en un contexto de múltiple crisis, que impulsa y busca perpetuar, la ingobernabilidad en el país, caracterizados por esa ambición de continuar en el poder, de muchos de los actuales congresistas, de las diferentes fuerzas políticas quienes, en su mayoría, nos han demostrado orfandad de ideas, principios y valores, para optar por la reforma y cambios integrales del sistema político vigente, que ha convertido a la corrupción, en una cultura de poder, sin admitir la realidad que se vive, ni admitir las demandas, desconociendo la profundización de la pobreza y la desigualdad social, la incontenible ola de violencia, del crimen organizado y la falta de empleo decente, especialmente para los jóvenes egresados, de las instituciones superiores. desvirtuando el rol del Estado, que es el de garantizar, a todos los peruanos, el pleno ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución.
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Mientras nuestra vida política, sea conducida por personas, que se caracterizan por ignorar la realidad nacional, actuando sumisos al poder económico e intereses digitados, por los dueños de los partidos, constituidos en los zombis modernos de la política nacional, con desatención del clamor generalizado de la población; la OCDE; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; en un reciente Estudio Económico del Perú, analiza los álgidos problemas de la ineficiente gestión fiscal, la insuficiencia de inversión pública, la deficiencia de la planificación presupuestaria, la desatención del capital humano y, entre otras contingencias, la alta informalidad.
Sobre estos aspectos, que afectan la calidad de vida de millones de peruanos, precisa la necesidad de que el Perú, adopte reformas estructurales ambiciosas, sin embargo, la realidad es que no tiene mayor trascendencia, al alcanzarse las recomendaciones al gobierno, que es el principal responsable de la crisis, blindado por el Congreso, que ha claudicado en sus funciones de legislar en materia de reformas, fiscalizar la función pública y hacer control político del cumplimiento de la política general del gobierno. Lo ideal sería que este informe, sea útil en el análisis y comprensión de la problemática nacional. Lamentablemente, surgen las dudas, pues gobernantes que avalaron leyes que favorecen al crimen y que se auto blindan para mantener la corrupción, nunca se atreverán a combatir el crimen organizado ni la corrupción generalizada.
