Ayacucho vive días oscuros tras la reciente ola de feminicidio de tres mujeres en la región. El equipo del diario Jornada conversó con Janet Arones, vocera de la organización Manuela Ramos en la región, quien expresó su profunda indignación ante la inacción de las autoridades y denunció el abandono sistemático del Estado frente a la violencia de género.
«Estas muertes eran evitables si el Estado hubiese actuado de forma oportuna y coordinada», afirmó Janet, recordando el caso de Lucía Bravo, una joven que denunció a su agresor y aun así fue asesinada.
Desde Manuela Ramos se exige que se cumplan los protocolos de atención bajo la Ley 30364, que establece mecanismos de prevención y sanción ante la violencia contra las mujeres.
«La prevención no puede seguir siendo un discurso. Necesitamos respuestas concretas, con personal capacitado en enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos. No podemos seguir improvisando», añadió.
Además, alertó sobre la falta de liderazgo de las autoridades locales.
«Han pasado días y ni el Gobierno Regional ni la Municipalidad Provincial se han pronunciado. Mientras se marchaba por justicia, algunos funcionarios estaban celebrando», denunció.
La organización participará hoy en una reunión clave convocada por la Instancia Provincial de Concertación.
«Si seguimos callando, estas omisiones seguirán costando vidas», advirtió Janet. En Ayacucho, el 58 % de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia hasta el 2024 según datos obtenidos por el programa Aurora.
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