El Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva de 36 meses que había sido dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación del caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’. Esta medida judicial ha generado gran atención, dado su vínculo con presuntos actos de corrupción y el contexto político.
La Fiscalía sostiene que Nicanor Boluarte lideraba una presunta organización criminal dedicada a manipular nombramientos políticos, particularmente de prefectos y subprefectos, para consolidar el poder del partido Ciudadanos por el Perú. Además, se le acusa de exigir pagos ilícitos a cambio de estos cargos y de ejercer influencia para controlar posiciones estratégicas en diversas regiones del país.
La resolución fue tomada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que decidió acoger las apelaciones presentadas por los defensores de los implicados, entre ellos Nicanor Boluarte. Con esta decisión, la medida de prisión preventiva, impuesta previamente por el juez Richard Concepción Carhuancho en noviembre de 2024, queda suspendida de manera provisional.
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A pesar de la decisión, Nicanor Boluarte se encuentra prófugo de la justicia desde la fecha en que se dictó la prisión preventiva, lo que añade mayor complejidad al caso. El exfiscal Anticorrupción Martín Salas indicó que, con la resolución de segunda instancia, Boluarte podrá salir de la clandestinidad, quedando en libertad sin restricciones, como establece la resolución, y siendo sometido a una comparecencia simple.
«Los Waykis en la Sombra»
La investigación por esta presunta organización criminal comenzó en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuvo preliminarmente a Nicanor Boluarte y otros involucrados. El caso ha vinculado a varias personas en posiciones clave:
| Nicanor Boluarte | Hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como líder de la red. |
| Mateo Castañeda | Exabogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la organización. |
| Jorge Luis Ortiz Marreros | Exdirector de Gobierno Interior, presuntamente involucrado en aprobar los nombramientos gestionados por la red. |
| Zenovia Griselda Herrera Vásquez | Encargada de proponer candidatos para ocupar cargos estratégicos. |
| Jorge y Noriel Chingay Salazar | Coordinadores en Cajamarca, acusados de solicitar pagos ilícitos por designaciones. |
Fuente: Infobae
Este revés judicial para la Fiscalía pone en duda las posibilidades de procesar a los implicados, mientras el caso sigue siendo un tema candente tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
