Una nueva moción de censura fue anunciada en el Congreso de la República contra el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, luego de una serie de declaraciones públicas que han generado cuestionamientos sobre una posible afectación a la independencia del Poder Judicial.
El recurso fue presentado por la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, y se sustenta en expresiones difundidas por Rospigliosi en una columna de opinión y posteriores intervenciones públicas. En ellas, el parlamentario cuestionó duramente a magistrados vinculados al caso Cayara, proceso por hechos ocurridos en 1988 durante un operativo militar en la región Ayacucho, que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos.
En sus declaraciones, Rospigliosi señaló a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, a quienes atribuyó “pésimos antecedentes” y advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si no aplicaban la Ley 32107, norma que precisa los alcances del delito de lesa humanidad y su prescripción en casos anteriores al año 2002. Estas afirmaciones se difundieron horas antes de una audiencia clave en la que se evaluaba la aplicación de dicha ley al proceso.
La congresista Luque interpretó estas expresiones como una forma de presión política y mediática sobre los magistrados, postura que, según indicó, se habría reforzado con la participación de Rospigliosi en la audiencia virtual el mismo día. Si bien la sesión era pública y de libre acceso, su presencia fue considerada un hecho preocupante en el contexto de sus declaraciones previas.
Asimismo, la moción sostiene que calificar de “prevaricato” (manifestación injusta o contraria a la ley) la actuación de jueces que no apliquen la Ley 32107 vulnera el principio de separación de poderes y podría constituir un intento de interferencia en decisiones que competen exclusivamente al ámbito judicial.
Con estos argumentos, la iniciativa parlamentaria busca establecer responsabilidades políticas y abre un nuevo escenario de debate en el Congreso, en medio de un clima de tensión institucional entre el Legislativo y el sistema de justicia, mientras continúan las discusiones sobre el tratamiento legal de casos de derechos humanos del periodo del conflicto interno.
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