Mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acelera el proceso de adquisición de predios para la modernización del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, el proyecto enfrenta una creciente resistencia social. Más de 100 familias afectadas, agrupadas en asociaciones como Corazón de Jesús, denuncian presiones, desinformación y una intención encubierta de favorecer intereses privados por encima del bienestar ciudadano.
Según los dirigentes vecinales, el Estado no está actuando como garante de derechos, sino como operador de una estrategia de desalojo en beneficio de Aeropuertos Andinos del Perú, empresa concesionaria del terminal aéreo desde 2011.
“No estamos en contra del aeropuerto, pero sí de su ampliación. Esta medida nos obliga a dejar nuestras casas, sin opciones reales de reubicación”, señalaron en protesta realizada el día de ayer, frente al Gobierno Regional de Ayacucho.
Durante una visita oficial a la ciudad, el coordinador general del Grupo de Aeropuertos del MTC, abogado Frank Antonio Rodríguez Cáceres, confirmó que ya se iniciaron acciones de compra de predios en el marco del Decreto Legislativo N°1192.
Dicho marco permite adquisiciones voluntarias a valor comercial, ofreciendo un 20 % adicional y compensaciones por impuestos, daños y lucro cesante. Sin embargo, si las familias no aceptan vender, se procederá a la expropiación forzada.
“Estamos dispuestos a pagar un justiprecio. Pero si no hay acuerdo, la ley establece claramente que podemos aplicar la expropiación. No es una vulneración de derechos; está contemplado en la Constitución”, afirmó Rodríguez.
Los vecinos, sin embargo, acusan que el proceso se lleva a cabo con escasa transparencia. Denuncian que funcionarios y representantes de la empresa han intentado negociar “casa por casa, en horas de la noche”, generando temor, división y desconfianza.
“Están tratando este tema bajo la mesa, sin diálogo real con los directamente afectados. No hay otra opción sobre la mesa más que vender. Eso no es negociar, es presionar”, declararon.
A esto se suma el rechazo a la permanencia del aeropuerto en zona urbana. Las asociaciones exigen su reubicación, fuera del núcleo residencial de la ciudad.
“El ruido, el riesgo de accidentes y el crecimiento desordenado ya nos afectan. Queremos el desarrollo de Ayacucho, pero no a costa de nuestra dignidad ni nuestra vida”, afirmaron.
Rodríguez Cáceres descartó la reubicación: “No es viable técnica ni financieramente. Este es un aeropuerto de interés nacional, sujeto a contratos de concesión protegidos por ley. Reubicarlo implicaría una indemnización millonaria que el Estado no puede asumir”.
Durante la reciente reunión técnica con autoridades regionales, provinciales, distritales y representantes del sector privado, el MTC propuso la creación de una mesa técnica para alinear esfuerzos y mensajes entre los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, los vecinos dudan de su eficacia.
“No nos sentimos representados en esas mesas. Las decisiones ya están tomadas sin nosotros. Esta lucha lleva cinco años y nadie nos escucha”, señalaron.
“Nos sacarán con vida si es necesario”, fueron las palabras de más de 100 familias, quienes rechazan la ampliación del aeropuerto.
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