Una crisis moral que en el plano político ha mostrado su peor rostro con la discriminación, clasismo y exclusión de millones de peruanos que sentimos que somos ciudadanos de segunda categoría a quienes se le niega sus derechos constitucionales por aquellos demócratas en el legislativo y el ejecutivo que dicen defender.
En un reciente viaje a las regiones de Ayacucho y Apurímac pude comprobar el abandono del que son víctimas nuestros compatriotas, no solo por embates de la naturaleza, sino que mientras el Ministro de Educación inauguraba el año escolar en los colegios públicos, muchos niños y adolescentes en el Perú no tiene un lugar donde estudiar, por carencia de infraestructura como de personal docente, y ahora el MINEDU pretende darles una jornada educativa intermitente con clases presenciales y virtuales, a poblaciones donde no existe conectividad ni medios para acceder a ello.
Los más necesitados como siempre pagando los platos rotos de la ineptitud de la burocracia y la clase gobernante, que a inicio del año escolar recién toman conocimiento del déficit de centros educativos para atender la demanda de estudiantes.
Lo que implica la renuncia del Estado a un servicio público constitucional como es la educación, que ha dejado de ser garantizado por un poder público cuya respuesta preferida es que no tiene presupuesto.
Otro sector en abandono es la salud, con una Ministra que prefiere viajar que atender la salud de los peruanos, pero que se apresura a justificar la muerte de un manifestante adelantando juicio de que todo objeto contundente duro es una piedra.
En los pueblos que he recorrido, la inexistencia del Estado es el común denominador, pero no por la falta del principio de autoridad sino por la necesidad de inversión social de los gobiernos en todos sus niveles.
Las vías y carretera públicas que todos los años sufren daños por los fenómenos naturales y el uso indebido de los usuarios, impiden la conectividad de las regiones, sin que exista una cultura de prevención.
Sin embargo, los gobiernos regionales y locales se apresuran a pedir la declaratoria de emergencia de sus jurisdicciones cuando su desidia ha contribuido con sus efectos.
Declaratoria de emergencia que permite que las contrataciones del Estado no pasen por el filtro legal de los procesos de licitaciones, habilitando la adjudicación directa que se presta para actos de corrupción.
En la seguridad ciudadana, no tenemos muchas esperanzas con la reciente designación del general PNP Jorge Luis Angulo Tejada, especialista de la semiótica de colores en convulsiones sociales como Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
En suma tras las protestas sociales parece que el Estado se ha gastado el presupuesto de contingencia en apertrechar a las fuerzas policiales y militares para reprimir y vulnerar los derechos humanos de sus ciudadanos.
