Hace seis meses, 10 ayacuchanos ya no están entre nosotros. Murieron en las inmediaciones del aeropuerto, con disparos hechos por soldados, apuntando al cuerpo, e incluso, según testimonios, mataron a uno que estaba tirado boca abajo y machucado con la bota de un soldado que le disparó. Otro, fue el caso de un hombre que salió en auxilio de un herido y corrió la misma suerte.
La noticia de estas muertes, ha sido calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una masacre en la que existen incluso, casos de ejecuciones extrajudiciales. En ambos casos, se tratan de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, y cuyas condenas son de 25 años de pena privativa de la libertad.
Quien dio la orden, para que el personal del ejército actúe de esa manera. Esa es la tarea de la Fiscalía de la Nación. En un alarde de aplicar la mayor sanción, acuso a Dina Boluarte de genocidio, hecho que no se da, pese a que la mayoría de los afectados son personas de origen quechua y aimara. Y por tanto la investigación se caería, y Boluarte quedaría libre de polvo y paja.
Los crímenes cometidos son muy claros, y lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los manifestantes han intentado tomar el aeropuerto de Ayacucho, y fueron repelidos inicialmente por bombas lacrimógenas lanzadas desde un helicóptero y se ve que estos salen corriendo de la pista de aterrizaje en las inmediaciones del Cementerio General.
Posteriormente, estos intentan nuevamente ingresar al aeropuerto. Pudieron reducirlos, amenazando con sus armas y en último caso, disparando a las partes bajas del cuerpo, pero no de la cintura para arriba, incluyendo la cabeza.
Es decir, no hubo un intento de aplacar la movilización, que se había desbordado, sino la intensión de dar muerte a los manifestantes y a personas que nada tenían que hacer con las manifestaciones, como la persona que auxilio a un herido o el joven que trabaja en el cementerio y se dirigías a su casa.
Han pasado seis meses. Inicialmente, la fiscal de Derechos Humanos y Terrorismo en Ayacucho estuvo realizando las investigaciones, tuvo la relación de los oficiales a cargo de los grupos operativos desplegados en las inmediaciones del aeropuerto y los videos que permitían ubicar e identificar a los autores materiales de los asesinatos.
Pero todo esto acabó y acabó mal hasta el momento. Las investigaciones, por orden de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, ha sido trasladada a Lima, donde se han formado dos fiscalías especializadas para investigar los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden y otra por terrorismo y hasta el momento no han movido un solo papel.
