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Similitudes regionales y nacionales en la gobernanza descentralizada | Opinión

Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Nadie escapa a la obligación de cumplir y hacer cumplir la Majestad Soberana de la Constitución Política ni mucho menos del cumplimiento del cuerpo de leyes que de ella se derivan. Sin más preámbulos quisiera entrar al detalle.

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Tomemos como referencia cronológica el año 2003. Año en que se supone empezó a implementarse la principal Reforma de Estado denominada Proceso de Descentralización y Regionalización y que además contiene las orientaciones legales para la Modernización del Estado Peruano y la búsqueda del fortalecimiento y desarrollo de capacidades tanto de los trabajadores del sector público como de la ciudadanía y de la institucionalidad pública y civil en general, y que implícitamente mejorarán el discernimiento electoral y conviertan en democráticos nuestros periódicos procesos electorales “democráticos”.

Se supone debiera haber congruencias entre el Estado Nacional y sus 25 Estados Regionales. Eso conlleva la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Surgen preguntas planteadas desde esta trinchera desde hace varios años atrás.

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¿Por qué Ayacucho no ha invertido en el desarrollo de capacidades públicas, civiles e institucionales arriba aludidas?.

¿Por qué el Estado Nacional no ha supervisado al GRA para que cumpla con realizar esta inversión pública cautelares del desarrollo regional y el cuidado del tesoro público o calidad de la inversión pública?.

¿Por qué la institucionalidad civil y política no reclama, dentro de un debido proceso, acciones de cumplimiento de esa constitucionalidad?.

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Desarrollar capacidades públicas y civiles no es solamente un asunto de cumplir o no cumplir la ley. Las regiones y municipalidades han recibido las casi 5000 transferencias de funciones y competencias que Lima acostumbraba a administrar y por ello deben desarrollar y fortalecer cuadros públicos y civiles para la eficacia en la administración de lo transferido. No lo quieren hacer. Temen hacerlo. Ignoran como hacerlo. Prefieren prostituirse políticamente aduciendo una multiplicidad de razones.

Hay momentos en que ni siquiera arguyen razones para su incumplimiento. Ninguna autoridad regional y municipal elegida desde el 2003 ha intentado hacerlo en Ayacucho. Casi ninguna organización política lo ha tenido como propuesta programática de bandera en las diferentes elecciones pasadas desde el 2003.

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Se ha permitido en Ayacucho un perverso triángulo contra la gobernabilidad regional y los derechos humanos de participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública, la democracia participativa y el sentido elemental de las cosas.

El acumulado de esas precariedades nos está postrando en una democracia anémica e hipócrita. Muchas veces la legislación electoral peruana ha permitido estas ingenuidades alevosas contra la democracia y en favor de las fuerzas del mal. Lo único que se necesita para ganar es invertir a raudales dinero propio u ajeno. No interesa la naturaleza del dinero invertido. Igual compra conciencias. Ya lo ven, el diablo lo premia.

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¿Qué le queda hacer a la institucionalidad ayacuchana?. Aceptar que socialmente y políticamente estamos enfermos, no fortalecidos. Podemos sanar si rompemos ese oprobioso pasado satánico que hasta nuestra dignidad viene erosionando. No queda otra cosa que formar y cohesionar un solidario Colegiado de gremios profesionales, sociales, políticos, estudiantiles y religioso para sistematizar una pronta y eficaz vigilancia ciudadana del cumplimiento de políticas nacionales, regionales y locales de desarrollo y lucha contra la pobreza.

Podría armarse el listado de incumplimientos constitucionales y legales cometidos por los gobiernos regionales ayacuchanos para obstruir evidentes intentos de burdos legicidios que se reciclan luego de cada proceso electoral. ¿Sesionan las Municipalidades ayacuchanas dentro de ese espacio participativo y tercer poder del Estado Regional llamado CCR?.

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