La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el archivo de dos denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte y exintegrantes de su gabinete, tras determinar que no cumplían con los requisitos legales para continuar su trámite. La decisión se adoptó en sesión virtual con nueve votos a favor y tres en contra.
Una de las denuncias archivadas (N.° 516), presentada por el congresista Juan Burgos, incluía también al expremier Gustavo Adrianzén. En este caso, se evaluaban presuntas infracciones a la Constitución vinculadas al ejercicio de la función pública y al respeto del marco constitucional, específicamente en materia de derechos laborales del sector público.
La segunda denuncia (N.° 657), impulsada por el legislador Edwin Martínez, comprendía además a los exministros Raúl Pérez-Reyes y César Sandoval. En este expediente se analizaban presuntas infracciones constitucionales y posibles delitos como colusión y negociación incompatible, relacionados con decisiones adoptadas en el sector Transportes.
Tras revisar los informes de calificación, la subcomisión concluyó que ambas denuncias no cumplían con los criterios necesarios para su admisión, por lo que fueron declaradas improcedentes y enviadas al archivo, cerrando así su evaluación en esta instancia parlamentaria.
Durante la misma sesión, el grupo de trabajo también resolvió archivar otras denuncias constitucionales, entre ellas procesos contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena y una denuncia presentada por el expresidente Pedro Castillo contra un grupo de congresistas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de evaluar la procedencia de denuncias contra altos funcionarios del Estado. Como parte de sus funciones, determina si los casos cumplen con los criterios legales y reglamentarios para avanzar hacia una etapa de investigación en el Congreso.
Con el archivo de estos expedientes, las denuncias quedan concluidas en esta instancia. Para que un caso continúe su curso, la subcomisión debe declarar su procedencia, lo que permitiría su elevación a la Comisión Permanente y, eventualmente, al Pleno del Congreso.
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