La presidente de la república, Dina Boluarte, debe estar viajando hoy al Brasil para participar en la reunión de los jefes de Estado de los países amazónicos, que se desarrollará en la ciudad de Belem de Pará, desde hoy siete de agosto hasta el miércoles nueve.
Su viaje, es legal, ya que el congreso aprobó a Ley 31810, que le faculta viajar al extranjero, y en uso de esa ley, el congreso autorizó su viaje. Sin embargo, al haber sido una norma promovida por el ejecutivo, viola la constitución del Perú. La única posibilidad era ampliar los supuestos de la Constitución, a través de una reforma, para que la mandataria atienda el despacho utilizando las tecnologías de la información y comunicación, es decir, una atención virtual desde el lugar donde se encuentre, en este caso, Brasil.
Sin embargo, la constitución señala claramente, en el artículo 115, en el párrafo segundo, que cuando el presidente “sale del territorio nacional encarga el despacho presidencial al primer vicepresidente y de estar este habilitado, al segundo vicepresidente”. No dice, quien asume el despacho cuando no existe vicepresidentes, como es el caso de Boluarte, y fue la situación de Vizcarra, Paniagua y Sagasti, que nunca viajaron al exterior.
La ley que ha dado el congreso, modifica la constitución, se trata entonces de una norma inconstitucional, porque toda modificatoria de la constitución, de acuerdo al artículo 206 se realiza por mayoría absoluta de todos los miembros del congreso y ratificada por referendo, o en dos legislaturas simultáneas, donde debe obtenerse una mayoría de los dos tercios, es decir 87 votos.
Legalmente, está autorizada a viajar, pero ya se han presentado demandas de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal deniega se puede recurrir a instancias internacionales. Además, viaja a sabiendas que la iniciativa del ejecutivo era inconstitucional, por lo tanto, ella puede ser enjuiciada por violación constitucional, y en este caso, vacada en el cargo.
¿Cuál era la importancia de viajar a Brasil? Pudo en su lugar asistir el presidente del Consejo de Ministros, y más apropiadamente el Ministro de Relaciones Exteriores, dado que la representatividad de Dina Boluarte, como presidenta del Perú, esta deslegitimada a nivel internacional, por los luctuosos sucesos ocurridos en los meses de diciembre del 2022 y enero, febrero y marzo del 2023.
La norma aprobada, y que ha permitido el viaje de la presidenta Boluarte, si no es declarada inconstitucional, cabe la posibilidad de que un nuevo parlamento lo derogue. En todo caso, el delito constitucional ya se ha perpetrado, y esto se sumaría a otros relacionados con los 49 muertos en las manifestaciones en su contra, en diversas ciudades del sur.
