Andrés Solari | La palabra de un mudo
[email protected]
Desde el 2003 a la fecha continúa como secreto a voces que los Consejos Regionales, uno de los 03 Poderes del Estado Regional permanece dependiente, prisionero del Poder Ejecutivo Regional, contrariando y perjudicando la autonomía que les señala la Ley de Gobiernos Regionales. Es decir, el Poder Legislativo Regional – CR y el Poder Participativo – CCR siguen sometidos a la voluntad política del respectivo Poder Ejecutivo Regional o de la Gobernación Regional de turno.
Así las cosas, dentro de esa ilegalidad permitida a los corruptos y corruptores , camina nuestra gobernabilidad regional ayacuchana “democráticamente” y en la mayoría de los Departamentos, actualmente llamados Regiones. Irónicamente, nuestro Consejo Regional cuenta con un Reglamento Interno que, en coherencia con la ley vigente, se declara Poder con autonomía política, administrativa y presupuestal para cumplir con sus funciones legales de Fiscalizar, Legislar y Representar a nuestras respectivas provincias.
Leer también: Descentralización al final de la cola
Cínicamente la postura de los Poderes Ejecutivos habidos en la Región han hecho caso omiso de esta legislación regional vigente sobre el tema y se han resistido a su cumplimiento en clara desobediencia o rebeldía a la autoridad legal del Consejo Regional. En noviembre del 2022, el Consejero saliente Dante Medina confirmó públicamente que toda la situación irregular antedicha permanecía impune y vigente. Todo indica que sucederá la misma desgracia durante el periodo 2023 -2026.
Los defensores de DDHH parecen aún no entender la inmensa y consecuente gravedad de esta perversa falla en nuestro sistema de democracia. El 04 de julio 2022 JORNADA publicó un artículo tocando esta problemática. Informó que el 16/12/2020 el Consejo Regional de Ayacucho promulgó el Acuerdo Regional 171 – 2020 -CR reiterando su voluntad para superar obstáculos superables en nuestra gobernabilidad nacional y regional y promover el fortalecimiento de los Consejos Regionales con el reconocimiento e incorporación plenos de la Autonomía Presupuestal del Consejo Regional. Hasta la fecha dicho Acuerdo Regional 171-2020 es letra muerta en Ayacucho.
Leer también: “Sometido a Voluntad Política”
Aquí hay una tarea que debe rescatar el actual Consejo Regional, Oscorima no lo va ha por ustedes. Aparte de ello , tal como se señaló JORNADA en julio 2022, aún están pendientes en el Congreso ,desde el 2018 y 2019, 04 proyectos de ley o iniciativas legislativas referidas a modificaciones de la ley 27867 (Ley Orgánica de GRs) para mejorar la legislación que permita un desempeño mas eficaz a los Consejos Regionales y una participación ciudadana estratégica, sistemática e institucionalizada .
Es otra tarea de seguimiento que tienen que asumir tanto el actual Consejo Regional y nuestros tres Congresistas. Dos instituciones que directamente también son responsables de esta gran anomalía contra la descentralización vigente son la Comisión de Descentralización del Congreso de la República (no es Dina Boluarte) y la Secretaría de Descentralización de la Presidencia de la República.
Ambas se han caracterizado por su mutismo cómplice desde el 2003. Siempre se han coludido, unos más que otros, contra la descentralización del Estado peruano y con ello el debilitamiento paulatino y anémico en que se encuentra la democracia peruana.
Leer también: La Democracia no es una imprenta
El actual Congreso de la República prosiguiendo su equivocada línea política en contra de la autonomía de instituciones públicas emblemáticas como el JNE, ONPE, Defensa del Pueblo, Contraloría, esta semana ha dado indicadores recientes de querer influir desproporcionalmente en los Gobiernos Regionales.
Resulta que ahora quiere debatir un proyecto de ley para habilitar la vacancia de gobernadores y alcaldes en caso de que éstos incumplan con los pedidos de información provenientes de los congresistas.
Oiga Ud. Hay cosas más graves y urgentes que legislar, por ejemplo el mejoramiento del sistema electoral , los procedimientos jurídicos para las denuncias sobre incumplimientos de mandatos constitucionales de las autoridades regionales que hemos hablado muchas veces, el incumplimiento de la función orientadora y evaluadora de la PCM y la propia Comisión de Descentralización del Congreso.
En fin, parece ser que tendremos circo político para distraer a la ciudadanía por mucho rato, erosionar nuestra democracia, hacerle creer a los defensores de derechos humanos, a líderes de instituciones civiles, estudiantes de Derecho, periodismo , etc de que vivimos en democracia sólida y lo único que necesitamos es infraestructura social, parques y jardines para vivir tranquilos.
Termino sugiriendo a nuestros actuales Consejeros Regionales que también le echen una lectura al Acuerdo Regional 006-2020-GRA-CR donde se describen detalladamente las fallas de gobernabilidad que he intentado describir en la presente nota.



