A portas de la elección de una nueva mesa directiva para el congreso, varias entidades veedoras de la democracia en Latinoamérica, señalan que existe un retroceso, especialmente Perú, indicando que esta se debe a un autoritarismo desde el Congreso.
Del mismo modo, The Economist, la prestigiosa revista del Reino Unido, ha señalado que es el congreso quien gobierna en el Perú, que la presidenta Dina Bolaurte no juega un rol importante y que depende de los caprichos de los congresistas, especialmente de las bancadas que toman las decisiones.
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Todas coinciden además, que la permanencia de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, depende del capricho de la señora Keiko Fujimori, el verdadero poder tras las sombras, quien tiene la capacidad, incluso de definir quiénes serán los ministros de estado.
Así, indican que son varios los ministros que responden al fujimorismo, algunos incluso afiliados o donantes de Fuerza popular, la organización política, calificada por la Fiscalía como organización criminal, investigada, junto a su mandamás, Keiko Fujimori por el caso cocteles.
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La democracia en el Perú, en estas condiciones, es un cascarón, porque en realidad se trata de una democracia superficial, pero en el fondo no responde a las decisiones de las mayorías en el país.
Ponen como prueba que el congreso tiene una aprobación del 4 %, la más baja en la región (Latinoamérica) y sin embargo, tiene el control del ejecutivo y está avanzando para someter a los otros poderes del estado y a los organismos autónomos.
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El objetivo, señalan, es controlar tanto la contraloría de la república, el Poder Judicial, los organismos electorales, que allanen la situación de Keiko Fujimori en el juicio que se le sigue, que permitan la participación de Alberto Fujimori como candidato y finalmente organizar un fraude electoral para que el fujimorismo gane en primera vuelta.
Este es el sueño perverso del fujimorismo, y esperan que con su experiencia en las elecciones del año 2000, donde fraudulentamente fue reelegido Fujimori por tercera vez, se repita. Para ello, ya cuentan con la posibilidad de que se publique cuanto antes la ley de la impunidad, para que tanto Fujimori y Montesinos queden libres de todo delito.
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Esta ley de la impunidad no sólo beneficia a los militares y políticos responsables de los crímenes de lesa humanidad, sino también a los terroristas, que cumplieron las ordenes de otro genocida, como fue Abimael Guzmán. Nuevamente, los extremos se juntan y por eso en el congreso se entienden muy bien.
