Los ataques contra el derecho a la libertad de opinión continúan. Aparte de la amenaza desde el ejecutivo contra los periodistas y los medios que realizan investigación periodística, especialmente en casos de corrupción y violación de los derechos humanos, ahora el blanco son los influencer o medios digitales.
No sorprende que el ejecutivo y los congresistas hayan reparado de la existencia de medios digitales, y que la mayoría de los mismos sean contrarios a la mafia que ha capturado el ejecutivo y el congreso y haya utilizado su poder para elegir un Tribunal Constitucional que está a su servicio, una Junta Nacional de Justicia proclive y ahora pretenden capturar el poder judicial y la fiscalía de la nación.
Cómo tienen el control de los grandes medios de comunicación, su puntería está dirigida contra los medios independientes, principalmente el periodismo regional y contra los creadores de contenido a través de las redes sociales, que son en su gran mayoría jóvenes, muchos de ellos estudiantes de educación superior universitaria.
Y acá viene lo contradictorio. Un congresista que debería ser investigado porque plagio de otros autores para elaborar su tesis, es el auto de una iniciativa para obligar que los influencer sean graduados universitarios.
Este es un claro intentó de limitar un espacio que es de libre uso, para que los usuarios de los mismos tengan que volver a consultar en los grandes medios sobre las propuestas de los grupos de la extrema derecha en las próximas elecciones generales.
Es una maniobra muy clara del fujimorismo que presiente que el pueblo volverá a unirse y votar contra Keiko Fujimori en las elecciones del 2026.
Ya lo ha hecho en tres oportunidades: en el 2011 le dio el voto a Ollanta Humala; en el 2016, contra a todo pronóstico -ambos eran de la derecha- el pueblo eligió a PPK; y en el 2021 el ganador fue Pedro Castillo. En humor han dicho, que si Keiko compite contra un panteón en segunda vuelta, gana el panetón.
La derecha bruta y achorada no quiere más influencer libres. Ese es un intento más de recortar la libre expresión en el Perú y los organismos gremiales deberían pronunciarse, aún cuando muchos de los influencer no sean periodistas y no se consideren periodistas.
