Gustavo Pacheco, representante de la Defensoría del Pueblo, precisó que las defensorías municipales del niño y adolescente (Demuna) de los distritos urbanos tienen un escaso presupuesto y acreditación ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Explicó que las Demuna tienen personal quechua hablante y cuentan con un espacio de fácil acceso al público; no obstante, algunas carecen de ambientes privados para audiencias que garanticen el derecho a la confidencialidad de las personas que recurren a sus servicios.
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Pacheco Villar aseveró que el presupuesto anual asignado por los municipios de Huamanga y San Juan Bautista es de S/ 1,26 y S/ 1,82, respectivamente, por cada niño y adolescente.
A diferencia de los S/ 9,30 y S/ 7,67 que asignaron Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Sin embargo, en la Demuna de Carmen Alto desconocían el presupuesto aprobado para el 2023.
Ante esta situación, advirtió que la sobrecarga laboral en la Demuna de Huamanga se genera por cuanto deber asumir la tramitación de procedimientos de desprotección familiar de los 13 distritos no acreditados ante el MIMP; por lo que, habiendo atendido 388 casos, durante el año 2023, necesitan con urgencia contratar personal adicional.
En tanto, la institución indicó que hará el seguimiento a la actuación de las autoridades municipales para solucionar los problemas advertidos en el funcionamiento de las Demuna.
Pacheco acotó que el Ejecutivo Nacional debería de tomar acciones inmediata, pues este caso a la vez está vinculado a las denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que cada año van en aumento.
“Existe un grave problema de salud mental en Ayacucho y todo ello se evidencia en los múltiples caso de violencia sexual, asesinatos y demás hechos que necesitan de una exhaustiva investigación”, apuntó.
