Las maniobras en el congreso para abrirle proceso constitucional a la fiscal de la nación y a todos los fiscales supremos, para proceder a la reorganización del ministerio público, está en marcha.
Con términos menos confrontacionales, podríamos decir más sosegados, pero que indican el mismo propósito, el presidente del consejo de ministros, ha declarado que están preocupados, porque “existe una crisis en el ministerio público” y ellos están obligados a apoyarles para que se supere esto.
Lo que en realidad ocurre, es que existe una crisis generada por una Junta Nacional de Justicia, elegida por una alianza canalla, conformada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el cerronismo, todos ellos con investigaciones en la fiscalía o con carpetas fiscales -cuando se trata de congresistas- que quieren cambiar a los fiscales para que sus procesos se archiven.
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Algunos comparan esta amenaza a la que sufrieron los fiscales durante el nefasto periodo, cuando el ministerio público era la chacra” de Vladimiro Montesinos, que colocaba y sacaba fiscales de acuerdo al estado de humor con que despertaba. Solo quedaba fija en el cargo, Blanca Nélida Colán.
Esta situación se ha convertido en el tema del país en los últimos tres años, desde que asumió la presidencia Dina Boluarte, que se impuso a sangre y fuego, con el saldo trágico de 50 muertos.
Desde casa de gobierno, lo que buscan es luna fiscal que archive todas las denuncias y carpetas fiscales contra funcionarios de alto nivel y congresistas que existen. Lo ha dicho sin tapujos el ministro de justicia, Eduardo Arana: “constituye las persecuciones de carácter legal o las carpetas fiscales” por parte de la entidad “y lo que significa la institucionalidad”.
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Por supuesto, para el presidente del consejo de ministros, lo que debe primar es la institucionalidad, entendiéndola esta, como no investigar a ningún funcionario y menos a los congresistas, todos ellos “sagrados” y protegidos por la inmunidad que en este caso es impunidad.
En estas condiciones no hay que ser muy optimista. El ministerio público va a ser intervenida en cualquier momento y no necesitan ninguna justificación. Para eso, cuentan con sujetos como el ex comunista Fernando Rospigliosi, para desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acelerará los trámites para que no quede un fiscal supremo en condiciones de continuar en el cargo.
