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lunes, junio 24, 2024
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Bloqueo de carreteras por manifestantes se sancionará con 15 años de cárcel

Tras la convocatoria del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) a un paro regional de 24 horas el día 15 de diciembre, al conmemorarse el asesinato de 10 ciudadanos, el gobierno nacional dispuso mediante el decreto legislativo N° 1589 las sanciones a las personas que ocasionen disturbios y realicen agravios a la infraestructura vial con 6 años de cárcel y hasta 15 años en su forma agravada.

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A pesar de que el motivo del decreto legislativo sea “garantizar la seguridad y tranquilidad pública” busca sancionar a las personas que cometan actos delictivos como los ocurridos el pasado diciembre del 2022, ya que en el decreto N° 1589 modifica el artículo 315 del Código Penal en el caso de “Disturbios” dando los lineamientos para sancionar a los que perpetren este delito sancionando a “el que, en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”, además esta pena aumenta hasta 15 años “si se afecta vías terrestres nacionales, departamentales, locales y fluviales”.

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También se modifica el artículo 283 del delito de “Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos” donde queda establecido “el que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

En conversación con la excongresista por la región de Ayacucho, Elizabeth León Minaya menciona al respecto que “el DL 1589 que modifica el código penal, es una vergüenza, un enfrentamiento frontal con el pueblo que tiene derecho a protestar contra tanta injusticia y olvido”, esto en el contexto en que se dispone la liberación de Alberto Fujimori, a lo que la excongresista califica como un elemento “distractivo sobre las graves acusaciones contra la Fiscal de la Nación”.

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León destaca: “a un año de asunción de este régimen manchado de sangre lo único que ha cosechado es un rechazo mayoritario de la población, un 85% de desaprobación que los deslegitima totalmente” por lo que llama a la ciudadanía a hacer un análisis profundo, objetivo y patriótico para salvar al Perú; así también invoca a las organizaciones de universitarios, mujeres, trabajadores y gremios agrarios para “recuperar nuestra dignidad”.

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