Mario Cueto | Opinión de Miércoles
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Todos, hábiles en nuestros derechos civiles y políticos, tenemos la libertad y el derecho de asumir cargos públicos, que pueden ser de confianza o mediante elecciones, pero no son suficientes esos derechos, pues se hace indispensable, para salir del túnel oscuro de desconcierto que afrontamos, contar con un mínimo de valores, para hacer frente a la corrupción; corrupción que se inicia, cuando uno acepta un cargo de funcionario sin reunir las condiciones básicas ni la capacidad necesaria o se acepta ser candidato, arrastrando evidencias de ignorancia intelectual y de los principios básicos de gestión pública y normativas, así como limitaciones para legislar y fiscalizar, Es decir, cuando uno es deshonesto, solo un busca panes, mendigo del poder, y no tiene auto estima, dignidad ni honor, acepta cualquier cargo público que a la postre se constituye en una carga pública.
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Las limitaciones en capacidad, honestidad, responsabilidad, conducen a situaciones como las que afrontamos en el país, con una democracia demacrada, vapuleada, donde gobiernan los perdedores, bajo control de mafias y bandas delictivas, protegiéndose entre sí, con archivamiento de numerosas denuncias constitucionales, entre ellas contra la mandataria por las matanzas de diciembre 2022 en Ayacucho y contra los propios congresistas; los permanentes espectáculos circenses, que protagonizan los congresistas, interpelando a ministros, sin llegar a censurarlos, pese a la gravedad de las denuncias e incapacidad en el ejercicio del cargo, y así, otros casos, que van involucrando incluso a ministros y altos mandos de las Fuerzas del Orden, a los que se añade los planteamientos para retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a sabiendas de que la impunidad es la clave para la perpetración de la violación de los DDHH.; sin vigencia de un auténtico estado de derecho.
Lo señalado indica que el respeto y vigencia de los derechos humanos, para todos por igual, sea es un saludo a la bandera, con sustanciales diferencias y privilegios, como el de los congresistas, que en su propio beneficio y de sus familiares, contratan seguros de salud, mientras la situación en los hospitales del MINSA y de Essalud son para llorar, carentes de recursos y logística, deficiente infraestructura, incluso en el emblemático Hospital Regional de Ayacucho, supuestamente III-1, sin liquidación de obra, que carece de equipos básicos como de rayos X, existen fallas en su infraestructura, maquillados por los funcionarios y, en cuanto a su conducción, hay desconocimiento de lo que es gestión pública y las plazas orgánicas de personal que cesa, no son cubiertas por concurso; las remuneraciones a numerosos profesionales y los pagos por guardias, se posponen, cada mes, pero se contrata más personal administrativo.
Finalmente, la libertad de prensa, de expresión, pretende ser restringida, para impedir investigaciones que develen casos de corrupción, con un anteproyecto, para sancionar la publicación de comunicaciones privadas, como mensajes de WhatsApp y correos electrónico, incluso si constituyen información relevante y de interés público.
