José Mallma | El diario de Polideo
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Cuando hablamos de libre competencia solemos pensar en el mercado: precios, monopolios y consumidores. Sin embargo, la lógica de la competencia también rige –o debería regir– en la arena política. Al fin y al cabo, los “consumidores” somos los ciudadanos y el “producto” es la oferta de representación. Allí, igual que en la economía, la salud del sistema depende de reglas que garanticen la entrada de nuevos competidores y castiguen las prácticas de desleal competencia.
En los últimos años, nuestros legisladores han perfeccionado una especie de “proteccionismo partidario”. Cambian la ley para subir la valla electoral, exigen requisitos que limitan la participación política o reducen la inscripción movimientos regionales. El resultado es obvio: menos off-siders, más cartel.
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Un ejemplo reciente: la reforma que obliga a los partidos a presentar candidaturas en el 100 % de distritos cuando apenas pocas agrupaciones tienen estructura nacional. El resto quedará fuera antes de empezar la carrera. Es como si permitiéramos que solo las cadenas de supermercados pudieran vender pan, cerrando todas las panaderías de barrio.
Otra estrategia es expulsar competidores por la vía del juicio político o resoluciones judiciales. Basta revisar la lista de figuras políticas inhabilitados para cargos públicos por “infracción constitucional” de interpretación flexible. Se instrumentaliza estas medidas legítimas para fines ilegítimos, evitando candidaturas que puedan rivalizar con los que detentan el poder político, se corta al adversario incómodo mientras se deja intacto al aliado.
En el mercado se sanciona la publicidad engañosa porque distorsiona la decisión del comprador; en política, las fake news, los trolls y los bots se multiplican con la misma lógica: abaratar el costo de destruir la reputación ajena. Lo vimos en las campañas electorales pasadas, donde miles de noticias falsas circularon por las redes sociales y medios de comunicación, para influir sobre la opinión pública.
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Algunas agrupaciones políticas copian colores, logotipos de partidos consolidados para aprovecharse de la “reputación ajena” construido a lo largo de décadas. O utilizan símbolos que evocan el nacionalismo o nuestra cultura ancestral. Imagine que usted compra una bebida creyendo que es la de siempre y termina adquiriendo una burda copia. Así, la papeleta electoral se convierte en un catálogo confuso de marcas sin distintividad propia.
Finalmente está la maniobra maestra: competir fingiendo rivalidad para, una vez electos, fusionarse y formar mayoría. Es equivalente a que dos petroleras anuncien ofertas agresivas, dividan el mercado y luego acuerden precios tras bambalinas. El elector descubre tarde que votó a políticos en apariencia rivales que en realidad actuaban como aliados coludidos por el poder.
En economía aprendimos que los monopolios dañan la innovación y suben los costos. En política, los monopolios deterioran la democracia: afectan la representación, alimentan la apatía política de los ciudadanos y elevan el “índice” de la corrupción. Defender la libre y leal competencia en la política no es un capricho académico; es garantizar que el ciudadano tenga alternativas reales y que los políticos no puedan cartelizar el mercado electoral.
