diciembre del 2017, cuando Kenyi Fujimori logró el indulto tras ofrecer 9 votos cruciales para que Pedro Pablo Kuczynski no sea vacado.
La decisión del Tribunal Constitucional ha sido cuestionada por instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que ha reiterado que el derecho internacional de derechos humanos restringe amnistías o indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos. Se debe respetar los derechos de las víctimas a la justicia y el estado de derecho.
De la misma manera se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reitera que el anuncio oficial, de restitución de los efectos del indulto contenidos en la Resolución Suprema del 24 de diciembre de 2017, es una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú.
Y, este pronunciamiento destaca la obligación del gobierno de Pedro Castillo de adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas, y sus familiares.
La pelota está en el campo del gobierno de Perú Libre. Los movimientos políticos previos, como el retiro de las firmas de Fuerza Popular al pedido de vacancia que se verá este 26 de agosto, pueden ser confirmados si el gobierno no cumple con lo que señala la CIDH y si a cambio, recibe el apoyo de FP y otros partidos de la derecha.
En las movilizaciones de repudio a la decisión del TC, cuando se conoció esta, se vio la presencia de militantes y algunos dirigentes del partido del gobierno, pero eso puede ser una reacción espontánea de algunos partidarios de las bases de Perú Libre, que se plegaron a la marcha del viernes, y mostraban más pancartas contra la vacancia que contra la liberación de Fujimori.
Sin embargo, Alberto Fujimori no podrá abandonar el país, porque tiene un proceso penal por las esterilizaciones forzadas que afectó a más de 340.000 mujeres y 24.000 varones, a quienes se les aplicaron ligaduras de trompas y vasectomías, respectivamente, calificadas como violatorias de los derechos humanos y estuvo dirigida contra mujeres y hombres pobres e indígenas.
Finalmente, el ex dictador tiene pendiente el pago de reparación civil al estado peruano por un monto superior a los 51 millones de soles, de los que no ha cancelado ni un solo sol.
